Samuel debe ser inscrito en registro de víctimas
La CEDH sigue sin actuar, denuncia el padre del joven expulsado de la Normal de El Quinto
El joven Samuel Sayad Steve Espinoza Rodríguez, expulsado de la Normal Rural de El Quinto en el 2019 por mostrar una presunta conducta inapropiada contra una alumna, debe ser inscrito en el Sistema de Atención a Víctimas de Sonora.
Así lo afirmó Adolfo Espinoza Zayas, padre de Samuel, quien señaló que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) no ha dado trámite a esa recomendación emitida por la CNDH desde marzo pasado, lo cual “es muy importante para que poco a poco logremos justicia”.
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Dijo que después de que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas emita el dictamen correspondiente conforme a los hechos y responsabilidades descritas y acreditadas en dicha recomendación, la autoridad recomendada procederá a reparar de forma integral el daño ocasionado en términos de la ley en esta materia.
También se le insta a colaborar ampliamente con la CNDH en el trámite de la queja que se promueva ante el Órgano Interno de Control de la CEDH, en contra de las autoridades responsables y personas servidoras públicas que resulten responsables de las violaciones a derechos humanos, indicó.
Espinoza Zayas hizo notar que su hijo Samuel fue expulsado de El Quinto no por la presunta conducta inapropiada, sino realmente por represalia tras denunciar irregularidades en un programa de apoyo para los estudiantes.
“Ahora esperemos que las determinaciones por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos sean en estricto apego a la ley, en forma objetiva e imparcial, sin presiones ajenas de ninguna índole”, agregó.
Asimismo, dijo que el licenciado Alejandro Valenzuela Pereyra, quien “me atendió en su carácter de intermediario del Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora (Creson), para darnos a conocer la propuesta que le hacían a mi hijo de continuar sus estudios en otra Escuela Normal, tampoco nos ha respuesta a la petición que a su vez le hicimos desde hace varias semanas, que era la de que nos enviara la propuesta por escrito, como corresponde en estos casos”.
“¿Hasta cuándo debemos esperar la respuesta de parte de esas dos instituciones?; ¿habrá un límite de tiempo que se deba cumplir?; ¿existe una medida de apremio o de responsabilidad administrativa ante tan evidente inacción?”, cuestionó Adolfo Espinoza.
