Desde mayo de 2019, el gobierno de Estados Unidos intensificó su investigación a quienes solicitan una visa, ya sea de tipo migrante o no migrante, al exigir información sobre sus redes sociales.
Esta medida, implementada por el Departamento de Estado a través del Buró de Asuntos Consulares, responde a una orden ejecutiva firmada por el entonces presidente Donald Trump en 2017, con el argumento de que la seguridad nacional era la "prioridad principal" de su administración.
¿PUEDEN REVISAR TUS REDES SOCIALES SI SOLICITAS UNA VISA?
De acuerdo con el apartado de Preguntas Frecuentes del Departamento de Estado, todos los solicitantes, salvo aquellos que apliquen para visas diplomáticas y oficiales como las A, C (en ciertos casos), G y NATO, deben proporcionar los identificadores, es decir, los nombres de usuario o aliases que han utilizado en plataformas como Facebook, X (antes Twitter), Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn, Reddit, entre otras.
Esta información debe cubrir un periodo de los últimos cinco años.
¿QUÉ BUSCAN LAS AUTORIDADES?
Las autoridades estadounidenses aclaran que no se solicita el acceso directo a las cuentas, es decir, no se requieren contraseñas ni contenido privado. El objetivo es revisar únicamente el contenido público para verificar la identidad del solicitante y detectar posibles riesgos de seguridad, como vínculos con organizaciones extremistas o publicaciones que inciten a la violencia.
Además, se advierte que mentir u omitir información en este proceso puede ser motivo de negación de la visa. Sin embargo, si una persona no ha usado redes sociales, puede indicar "ninguna" sin que eso afecte negativamente su solicitud.
El gobierno ha enfatizado que la visa no puede ser negada por motivos relacionados con raza, religión, nacionalidad, ideología política, género u orientación sexual. El único propósito de esta revisión es asegurar que el solicitante cumpla con los requisitos establecidos por la ley estadounidense.
Con esta política, Estados Unidos reafirma su intención de mantener controles estrictos sobre quienes ingresan al país, pero también se abren interrogantes sobre la libertad de expresión y los límites del escrutinio digital en el ámbito migratorio.
