La fiscal general Pam Bondi declaró el martes que había ordenado a los fiscales federales que solicitaran la pena de muerte para Luigi Mangione por el "asesinato premeditado y a sangre fría" de Brian Thompson.
Thompson fue asesinado a tiros frente a un hotel en Nueva York el 4 de diciembre de 2024. La policía arrestó a Mangione, de 26 años, semanas después en Pensilvania tras una intensa búsqueda a nivel nacional.
El joven residente de Towson, Maryland, se ha declarado inocente de los cargos estatales y aún no ha presentado una declaración frente a los cargos federales. Actualmente, permanece en espera de juicio en una prisión federal de Nueva York.
ASESINATO DEL CEO DE UNITEDHEALTHCARE: ACTO DE VIOLENCIA POLÍTICA
En un comunicado, Bondi afirmó que el asesinato de Thompson "fue un acto de violencia política" y que "podría haber supuesto un grave riesgo de muerte para otras personas". Asimismo, subrayó que este caso es parte de una revisión más amplia de los casos en los que el Departamento de Justicia podría solicitar la pena capital.
Los fiscales federales de Manhattan presentaron cargos contra Mangione el 14 de diciembre, acusándolo de planear meticulosamente el asesinato, seguir los movimientos de Thompson y vigilar su hotel en los días previos al crimen. Mangione fue finalmente detenido en un McDonald´s de Altoona, Pensilvania, cinco días después del asesinato.
¿CUÁLES SON LOS CARGOS QUE ENFRENTA LUIGI MANGIONE?
Las autoridades de Nueva York han formulado 11 cargos penales estatales, entre ellos asesinato en primer grado y asesinato como delito de terrorismo, lo que podría llevarlo a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en caso de ser encontrado culpable en juicio.
Sin embargo, la fiscal general ha solicitado nuevos cargos federales que incluyen el uso de un arma de fuego para cometer asesinato y acoso interestatal con resultado de muerte, lo que lo haría elegible para la pena de muerte.
APOYO A LUIGI MANGIONE Y FENÓMENO VIRAL
A pesar de los cargos en su contra y la gravedad del caso, Mangione ha recibido apoyo de ciertos sectores que consideran que su juicio ha sido politizado. Grupos de defensa de derechos han expresado preocupación sobre la imparcialidad del proceso, argumentando que la administración actual ha aplicado criterios inconsistentes en la búsqueda de la pena de muerte.
También han surgido muestras de respaldo por parte de familiares y conocidos, quienes insisten en su inocencia y critican el manejo del caso por parte de las autoridades. A medida que el juicio avanza, el debate en torno a la severidad del castigo y la equidad en la aplicación de la ley sigue cobrando fuerza.
