Plan de Justicia Mayo no avanza por división en la etnia

El gobernador de los Ocho Pueblos, Feliciano Jocobi, impugnará el Plan de Justicia, porque "es un desorden". Suman 36 los gobernadores tradicionales

El pasado jueves 26, en los patios de la Coordinación Regional del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, en Etchojoa, quedó de manifiesto una vez más el motivo por el cual no ha avanzado el Plan de Justicia Mayo.

A la reunión de seguimiento, encabezada por el director general del INPI, Adelfo Regino Montes, fueron invitados 22 gobernadores tradicionales, entre los llamados "auténticos" y los "duales".

De acuerdo a algunas autoridades étnicas, en realidad son 36 los gobernadores que tienen registrados los gobiernos Federal y Estatal, en lo que es una clara división y desorden que impiden el logro de los objetivos del citado plan.

"Es lamentable que los llamados auténticos se mezclen con los duales; se está perdiendo la dignidad y el respeto de la autoridad tradicional", dijo Ramón Wilfredo Armenta Gastélum, asesor del gobernador de Etchojoa y de los Ocho Pueblos Mayos, Feliciano Jocobi Moroyoqui.

"Por eso don Feliciano no asistió a esa reunión, ni a las anteriores que ha habido, porque, de haber ido, estaría validando a los duales, quienes se contraponen a la estructura tradicional de usos y costumbres de la Nación Yoreme, que está basada en sólo ocho gobernadores y no 22 o 36, además de que se viola el Artículo 169 del Acuerdo Internacional de los Pueblos Originarios", explicó.

"Nuestra postura no es un capricho o algo por el estilo; estamos comportándonos como debe de ser y buscando que se solucione todo este relajo en el que se ha convertido este programa", precisó.

"NO ES IMPUGNAR POR IMPUGNAR"

Armenta Gastélum informó que, ya alistan un recurso de impugnación del Plan de Justicia, "pero no contra el plan en sí, sino porque el INPI insiste en el reconocimiento de gobernadores "usurpadores" de grupos que trabajan por intereses partidistas y personales.

"La impugnación no es para dar la contra al trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien respetamos, sino por los problemas mencionados y a que las propuestas del plan distan mucho de las verdaderas necesidades de los indígenas mayos", aclaró.

En ese sentido, señaló que el INPI y diversas dependencias de Gobierno están ofreciendo proyectos ganaderos, becas, vivienda y otros, cuando lo que "se requiere urgentemente es mano de obra, empleo, y más ahora con la crisis que se vive en la agricultura".

"Además, lo que está ofreciendo el INPI ya está incluido en programas de los tres niveles de Gobierno; esto ya hay; no deben incluirlos en el Plan de Justicia", agregó.

Indicó que algunos gobernadores están solicitando la restitución de territorio, "en lo que estamos de acuerdo, pero se trata de un asunto muy complejo y que sería muy tardado".

Asimismo, Ramón Wilfredo Armenta afirmó que Feliciano Jocobi no solamente es gobernador por linaje, descendencia, tradiciones, usos y costumbres, sino también legalmente, como lo avalaron tribunales electorales estatales y federales al analizar un recurso de impugnación de regidor étnico interpuesto en años pasados.

"Quieren etiquetar a don Feliciano como rebelde por no acudir a las reuniones del Plan, pero no lo es; simplemente no aceptamos ese tipo de abusos por parte de funcionarios de abajo que van de paso y, de hecho, ya se van en unos días", añadió.

"URGE LA UNIDAD"

Por su parte, Feliciano López Cota, Aguileo Félix Ayala, Juan Osuna Valenzuela, Norberto Buitimea Yocupicio, Rosario Avilés Carlón y Aniceto Valenzuela Moroyoqui, gobernadores de Camoa, Tesia, Cohuirimpo, Pueblo Viejo, El Júpare y Etchojoa, respectivamente, reconocieron el problema de divisionismo que existe en la Etnia Mayo.

Por ello, pedirán al próximo Gobierno de Claudia Sheinbaum que ponga orden en la tribu, porque "ya sobra de tanto gobernador que nombran, aunque nada más lo sigan unas cinco o diez personas".

Dijeron que se proyecta la realización de consultas en cada uno de los Ocho Pueblos de la Nación Yoreme, para que "cada uno decida quién va a ser su gobernador que los representará en las reuniones del programa".

"Ya basta de que funcionarios federales y estatales le sigan el ´rollo´ y le den entrada a otros 20 o 30 gobernadores que han surgido", añadieron.

Asimismo, expresaron su confianza en que, tras ese "recorte" y definición de autoridades, se concrete la entrega de terrenos nacionales que están dentro de territorio indígena, que podrían ser de hasta 16 mil hectáreas.

"No queremos casitas y otras cosas que se andan manejando, sino que buscamos que se reconozca nuestro territorio y que las tierras sean distribuidas entre los ocho gobiernos reales y auténticos que componen la etnia, no los duales", subrayaron.

Dijeron que a la Tribu Mayo se le despojó totalmente de su agua y territorio, imponiéndose figuras inorgánicas como los ejidos y los municipios y, en algunos casos, hasta colonias, sin respetar el régimen comunal de propiedad ejercido desde siempre y su continuidad en el marco de la ley interna y el pluralismo jurídico.

"Po ello estamos pidiendo al Gobierno que primero se haga la reconstrucción de la verdad histórica sobre los procesos y etapas de esos despojos; mientras no se resuelva lo del territorio no se podrá avanzar en lo demás, por lo que es necesario que se realicen los deslindes correspondientes", agregaron.

PLAN DE JUSTICIA

Fue el 20 de mayo del 2022, en Etchojoa, cuando autoridades tradicionales mayos entregaron al presidente Andrés Manuel López Obrador un documento con sus principales necesidades y planteamientos.

El Ejecutivo Federal dio instrucciones para que el INPI y el Gobierno de Sonora, facilitaran el ejercicio de planeación participativa para la implementación del Plan de Justicia.

De esta manera, comenzó un proceso de gestión para desarrollar mesas de trabajo sobre los diferentes temas que gobernadores y cobanaros propusieron como prioritarios.

Entre éstos, destacaron los puntos de tierras y territorio, agua, medio ambiente, infraestructura básica, caminos y puentes, drenaje y saneamiento, energía eléctrica, vivienda, educación, cultura, lengua e identidad, salud y medicina tradicional, agricultura, ganadería, pesca, artesanía, turismo, derechos laborales, Gobierno y organización tradicional.