El legislador Óscar Ortiz Arvayo presentó ante el pleno del Congreso local la propuesta de que todos tengan acceso a un patrimonio digno
Por: Leova Peralta
Para dar seguimiento al tema de vivienda presentado en la pasada asamblea de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), el secretario y legislador Óscar Ortiz Arvayo, ha presentado ante el pleno del Congreso local la propuesta de que todos tengan acceso a un patrimonio digno.
Además del tema de salud y jornadas laborales, la CTM ha presentado como prioridad el que se tenga acceso a una vivienda digna, agregando la petición del gremio en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, para que dicha petición de los agremiados quede asentada de manera oficial.
"Lo que estamos agregando es que el Estado garantice el desarrollo económico y social mediante políticas que aseguren el acceso de todas las personas a una vivienda digna, en concordancia con el principio de equidad social y justicia territorial", dijo el diputado Ortiz Arvayo.
Además, expuso que los planes de desarrollo estatal y municipal incluyan programas y acciones específicos para reducir el rezago habitacional, priorizando la atención a grupos vulnerables, la sostenibilidad de los proyectos y la regularización del suelo para fines habitacionales.
"Toda persona tiene derecho a una vivienda digna y decorosa, en condiciones de habitabilidad, seguridad jurídica, servicios básicos, accesibilidad y sostenibilidad, y el Estado de Sonora garantizará este derecho mediante políticas públicas que promuevan la construcción, acceso y mejora de vivienda, con especial atención a las comunidades indígenas, rurales y en situación de vulnerabilidad", dijo el legislador.
Óscar Ortiz Arvayo, dijo que también la falta de regularización del suelo en asentamientos humanos ha generado incertidumbre y exclusión y que la reforma propuesta busca que la regularización sea una prioridad estatal, brindando seguridad jurídica a las familias y fomentando un desarrollo urbano ordenado.
Agregó que la reforma propuesta incorpora criterios de sostenibilidad y justicia territorial en las políticas de vivienda, lo que implica garantizar que los desarrollos habitacionales cuenten con acceso a servicios básicos y se construyan con materiales y tecnologías que respeten el medio ambiente, alineándose con los objetivos de desarrollo sostenible.
