La propuesta para disminuir el número total de horas trabajadas por semana ha generado un amplio debate en el país, sobre todo porque no todos los trabajadores serán beneficiados de la misma manera. La modificación planteada se dirige únicamente a quienes forman parte de la Iniciativa Privada. En este grupo se encuentran empleados de comercios, fábricas, talleres, servicios, oficinas y otros centros de trabajo cuyo empleador no pertenece al gobierno.
Este sector está regulado por el apartado A del Artículo 123 de la Constitución. Dicho apartado incluye a obreros, jornaleros, trabajadores domésticos, artesanos y personal contratado bajo esquemas privados. Para todos ellos se contempla una disminución progresiva de la carga semanal, lo que se ha interpretado como un paso hacia mejores condiciones de bienestar y equilibrio entre vida laboral y personal.
EMPLEADOS DEL GOBIERNO CONTINUARÁN CON SUS ACTIVIDADES BAJO EL RÉGIMEN ACTUAL
En contraste, quienes laboran directamente para el Estado no verán modificaciones en su jornada. Los servidores públicos, incluyendo burócratas, personal administrativo y otros empleados gubernamentales, continuarán bajo el esquema vigente. Su jornada semanal se mantiene regulada por el apartado B del Artículo 123, que establece un máximo de 48 horas.
Al no incluirse cambios en esta fracción constitucional, este grupo no será partícipe de la reducción laboral. Esta distinción ha provocado inquietudes y cuestionamientos entre trabajadores que esperaban una transformación más amplia, ya que diferentes sectores habían manifestado la necesidad de equilibrar la carga laboral en todas las áreas del servicio público.
UN IMPACTO DESIGUAL QUE MARCA DIFERENCIAS ENTRE SECTORES
La reforma genera efectos distintos entre quienes laboran para empresas privadas y quienes lo hacen para dependencias gubernamentales. Mientras un sector podrá disfrutar de un horario más flexible y una eventual mejoría en su calidad de vida, otro continuará operando bajo las mismas condiciones. Este escenario evidencia una separación clara en la manera en que se aplican los cambios laborales en México.
Diversas organizaciones han señalado que esta diferencia podría motivar futuros ajustes, pero por ahora la modificación es exclusiva para el ámbito privado. Especialistas en derecho laboral señalan que este tipo de cambios suelen darse por etapas y requieren análisis más profundos en sectores donde la estructura laboral es más compleja, como el gobierno.
La reducción de horas laborales representa un avance importante para muchos trabajadores mexicanos, especialmente en empresas privadas. Sin embargo, también deja al descubierto que parte del personal del país deberá seguir con horarios prolongados debido a la falta de cambios en la regulación correspondiente. La discusión continuará abierta mientras se evalúa si en el futuro será posible extender los beneficios a todos los sectores por igual.
