Los deudores se tendrán que enfrentar a un nuevo problema, pues ya no podrán obtener el documento para poder conducir un automóvil
Aquellos ciudadanos que no cumplan con sus obligaciones alimentarias podrían enfrentar consecuencias severas, en un Estado del país se ha señalado que los deudores alimentarios no podrán realizar el trámite de su licencia de conducir. Las personas que no paguen la pensión alimentaria correspondiente serán inscritas en un registro específico y verán limitantes para realizar ciertos trámites.
El Registro de Deudores Alimentarios es un mecanismo jurídico que permite dar seguimiento al cumplimiento de la obligación de pagar la pensión alimenticia. Las personas que se encuentren inscritas dentro de este mecanismo no podrán acceder a la renovación o trámite de ciertos documentos, abrir cuentas bancarias, entre otros procesos importantes.
AQUÍ NO SE PERMITE A LOS DEUDORES ALIMENTARIOS TRAMITAR SU LICENCIA DE CONDUCIR
A partir de los cambios en la legislación de Yucatán, los ciudadanos que sean deudores alimentarios podrían enfrentar consecuencias severas, una reforma en la Ley de la Fiscalía General del Estado establece que personas inscritas al Registro de Deudores Alimentarios no podrán tramitar o renovar la licencia para conducir.
Las personas que no hayan cumplido con sus obligaciones alimentarias, según determinado por los jueces o acuerdos judiciales, serán registradas en este listado; la reforma precisa que, tras 90 días de incumplimiento, los deudores serán incluidos en el registro. Esto implica un impacto directo en varios aspectos legales y administrativos, además de ser una medida para proteger los derechos de los acreedores alimentarios.
¿QUÉ OTRAS PENAS ENFRENTAN LOS DEUDORES ALIMENTARIOS?
Aunado a las restricciones sobre la licencia de conducir, las personas que se encuentren dentro del Registro de Deudores Alimentarios también podrán enfrentarse a otras consecuencias. Entre las otras penas a las que se deben enfrentar dichas personas se encuentra participar en ciertos contratos públicos o privados que involucren la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado.
La medida también tiene un componente de visibilidad pública, esto pretende que estos sean más responsables con sus compromisos familiares, especialmente en lo que respecta a la manutención de los hijos o excónyuges.
