Redes sociales, aplicaciones de mensajería y medios de comunicación se han convertido en canales comunes para viralizar videos que capturan delitos
En los últimos años, la proliferación de cámaras de seguridad en espacios públicos y privados ha transformado la manera en que las personas documentan y comparten información sobre hechos delictivos. Redes sociales, aplicaciones de mensajería y medios de comunicación se han convertido en canales comunes para viralizar videos que capturan asaltos, robos y otros delitos.
Aunque esta práctica a menudo busca alertar a la sociedad y contribuir a la identificación de delincuentes, también ha generado un intenso debate sobre sus implicaciones legales y éticas.
¿ES LEGAL DIFUNDIR UN VIDEO DE SEGURIDAD?
Expertos coinciden en que, en ciertos casos, la divulgación de imágenes relacionadas con actos delictivos puede estar justificada. Según la Ley de Protección de Datos Personales, la difusión de estos videos podría ser legal si se trata de una situación de emergencia o de interés público, como evidenciar un delito en flagrancia.
"El uso de videograbaciones en este contexto tiene una clara utilidad. No se puede alegar una violación legal en beneficio de quien está transgrediendo la ley", explicó el doctor Diego García, especialista en protección de datos personales de la Universidad Iberoamericana.
A pesar de que estos videos pueden ayudar a identificar delincuentes y prevenir otros crímenes, también pueden vulnerar derechos fundamentales como la presunción de inocencia y la protección de datos personales. Difundir la imagen de un presunto delincuente antes de una sentencia condenatoria podría derivar en demandas por violación a la intimidad o daño al honor.
Por ejemplo, grabar y publicar imágenes de una vecina o un altercado vial con cámaras de vigilancia privada puede considerarse una invasión a la privacidad, incluso si no hay intención de causar daño.
CONSECUENCIAS LEGALES DE VIRALIZAR VIDEOS
Aunque viralizar un video que documenta un delito no implica automáticamente responsabilidad penal, hay riesgos legales si las imágenes capturan actividades no relacionadas con un acto delictivo. La ley mexicana estipula que el uso indebido de imágenes personales puede derivar en multas considerables y hasta cinco años de prisión.
Ante este panorama, es fundamental analizar la intención y el contexto antes de publicar videos de seguridad. Mientras que en casos de interés público la difusión puede ser justificable, grabar y viralizar escenas privadas sin consentimiento puede acarrear graves repercusiones legales.
