La entrega de presuntos líderes criminales mexicanos a Estados Unidos volvió a generar polémica, ahora en el terreno legal. Familiares y abogados de cuatro de los 37 integrantes del crimen organizado trasladados el pasado 20 de enero presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR), al considerar que las autoridades federales incurrieron en un acto de "destierro" y vulneraron derechos constitucionales.
La denuncia de hechos fue interpuesta la mañana del lunes 26 de enero y señala la posible comisión de los delitos de traición a la patria y coalición de servidores públicos.
ACUSAN POR PRESUNTO "DESTIERRO" ENTREGA DE 37 CAPOS A EU
Como probables responsables se señala a integrantes del gabinete de seguridad, entre ellos Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana; Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación; Ricardo Trevilla, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional; Raymundo Pedro Morales, secretario de Marina, así como a la fiscal general Ernestina Godoy.
El recurso legal fue promovido por Vanessa Guzmán, identificada como pareja sentimental de Juan Pedro Saldívar Farías, alias "Z27", junto con los representantes legales de Pablo Edwin Huerta Núñez, alias "El Flaquito"; Itiel Palacios García, alias "Compa Playa", y Daniel Menera Sierra, presunto líder del grupo criminal conocido como "Los Z".
Durante una conferencia de prensa, Guzmán aseguró que el traslado de su concubino no se realizó mediante un proceso de extradición formal, sino que constituyó un "destierro", ya que, afirmó, no existían procesos penales pendientes en su contra en México.
"Se lo llevaron sin que pudiéramos despedirnos", denunció.
En la denuncia se detalla que Saldívar Farías fue trasladado del penal de Tepic, Nayarit, al Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano, en el Estado de México, y posteriormente llevado por vía aérea a Houston, Texas, donde fue entregado a autoridades estadounidenses. La defensa sostiene que este procedimiento vulnera el artículo 22 constitucional, que prohíbe el destierro.
Por su parte, Yarei Sánchez Laguna, abogada de "El Flaquito" y "Compa Playa", acusó a las autoridades federales de violar el debido proceso y de responder a presiones internacionales en materia de seguridad. En tanto, Hugo Dionisio Guadalupe, defensor de Daniel Menera Sierra, advirtió que su representado fue entregado pese a contar con un amparo en trámite, lo que, dijo, anula en los hechos el juicio de amparo.
SHEINBAUM DEFIENDE LA ENTREGA COMO "DECISIÓN SOBERANA"
La presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido estas acciones al señalar que se trata de una "decisión soberana" tomada a conveniencia del país, aunque reconoció que se realizaron a solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
No obstante, las defensas legales sostienen que estas entregas masivas dejan a los ciudadanos en un estado de indefensión y sientan un precedente peligroso al sacrificar garantías constitucionales en nombre de la cooperación internacional.
