El hambre amenaza; y el gobierno propone dejar de sembrar trigo

Estamos en una convulsión mundial; el planeta camina al borde del precipicio. La maldición de la guerra ha cobrado un nuevo eje en la región árabe, después de mantenerse por casi dos años en la Europa del este, con el conflicto militar entre Rusia y Ucrania. El impulso por la verticalización global en torno a los designios geopolíticos angloamericanos y su sistema que se desintegra, tiene y tendrá consecuencias impredecibles. En la ruta al peor desenlace que sería una guerra nuclear, navegamos sobre aguas turbulentas.

En consecuencia, no hay nación que pueda escapar a los impactos de la creciente inestabilidad económica y financiera, asociada causalmente a este proceso. Sin embargo, no se advierte que el gobierno de México tome las providencias relacionadas con medidas que protejan a la economía nacional y a la población; por el contrario, su adhesión incondicional al bloque geopolítico angloamericano, lo llevan a empujar acciones en ruta opuesta a los intereses nacionales, especialmente en el punto crítico relacionados con la producción nacional de granos básicos.

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Por desconcertante que parezca, el gobierno está proponiendo tumbar de las regiones graneleras, el cultivo del trigo, bajo la consigna neoliberal de que el cereal no goza de buenos precios en los mercados internacionales y la falacia de que consume demasiada agua.

Los brotes de guerra han intensificado la velocidad de la hiperinflación, alentada por el incremento constante en las tasas de interés, que por efecto financiero propicia crecimientos exponenciales en la deuda de todas las economías, cuyos bancos centrales, están bajo la órbita del dólar; algo que forzará crisis presupuestarias en las naciones deudoras, además del potencial dislocamiento de las cadenas productivas y de suministro, entre ellas la de los productos alimenticios. El desconcierto impide avizorar la posibilidad de que los países exportadores de granos cierren sus mercados ante la incertidumbre global.

Es un cuadro en el que disponiendo de los dólares para comprar los granos en los mercados internacionales, estos podrían no estar disponibles ante el cierre de las naciones exportadoras. Son estimaciones que no están en el radar del gobierno de México, por ahora ensimismado en el empeño electoral para mantenerse en el poder. Con la cabeza metida en ese proceso interno, decidieron entregarle el 70 por ciento del mercado nacional de granos básicos, a los corporativos graneleros, dejar a la deriva a los productores nacionales de las regiones de riego del país, y lo que es peor, desplegar una campaña en contra de la producción de granos como el trigo.

Han tomado como blanco al Valle del Yaqui, por ser la región emblemática de la producción del cereal y el sitio donde los experimentos en mejoramiento de semillas de trigo de Norman Borlaug, le demostraron al mundo que es posible acabar con el hambre en el planeta. Lo logrado en el Valle del Yaqui, le llevó beneficios en la producción de trigo a la India, Paquistán, África y otros países. Borlaug, derrumbó las construcciones teóricas maltusianas que presuponen la necesidad de reducir la población para que los alimentos alcancen.

El trigo se asentó en el Valle del Yaqui, no por la concurrencia de elementos fortuitos. Desde el gobierno de Lázaro Cárdenas, a mediados de los años treinta, se proyectó la construcción de la infraestructura hidráulica (presas) sobre la Cuenca del Río Yaqui, con la intención específica de dotar al territorio de la tribu yaqui de agua y convertir a la región en uno de los principales centros nacionales de producción de trigo. Fue el impulso progresista de Cárdenas y luego el del gobierno de Ávila Camacho, quienes protegieron la labor científica de Borlaug, para hacer posible que el Valle del Yaqui alcanzara la condición de granero de México y despertara la admiración del mundo entero.

Desde el gobierno de Lázaro Cárdenas, transcurrieron varias administraciones, con presidentes de distintos matices ideológicos. Hasta 1982, ninguno de esos gobiernos abandonó la idea de que México tenía que gozar de un mercado nacional de alimentos robusto y fortalecido. La seguridad alimentaria no era un cliché discursivo, se contaba con todos los instrumentos de política pública para hacerla posible, en especial una política de precios de garantía que comprendía toda la producción de granos básicos, metas nacionales de producción, política arancelaria consecuente con la protección del mercado nacional  y de los incipientes procesos de agroindustrialización; además de paquetes crediticios con bajas tasas de interés para estimular la adquisición de maquinaria e implementos agrícolas que incrementaran producción y productividad.

 Un sistema nacional de acopio para darle certeza a la comercialización, junto a una productora nacional de semillas mejoradas para reducir la dependencia tecnológica y una significativa industria nacional productora de fertilizantes. Todo este conjunto de instrumentos e instancias, creados por el estado, se edificaron bajo el entendimiento estratégico de que proteger al sector primario es sinónimo de proteger la soberanía nacional.

Es claro que todo esto se empezó a desmantelar desde mediados de los años ochenta y aumentó su desarticulación a partir de la firma del TLCAN, cuando se anidó en el gobierno una pandilla de tecnócratas neoliberales nucleados en torno a la presidencia de Carlos Salinas de Gortari. Así los objetivos de lograr la autosuficiencia alimentaria pasaron a considerarse anacrónicos, bajo el lema monetarista de que “es más barato importar los granos que producirlos nacionalmente.” Desde entonces el desprecio por el campo y por los productores nacionales ha ido en crecimiento.

En seguimiento a tales políticas, admitidas con la firma del T-MEC, al gobierno de López Obrador le han asignado la tarea de desaparecer el cultivo nacional de trigo. Y lo está cumpliendo a pie juntillas, al mismo tiempo que monta espectáculos discursivos en contra del neoliberalismo. Le preocupan las apariencias y la popularidad, no el futuro alimentario de México.