México y Estados Unidos comenzaron la aplicación de un nuevo entendimiento dentro del Tratado de Aguas de 1944, con el objetivo de regularizar entregas pendientes del río Bravo en medio de una de las sequías más severas registradas en la región. El acuerdo busca atender el déficit del ciclo anterior sin modificar el tratado original, pero adaptando su ejecución a las condiciones climáticas actuales.
El Tratado de Aguas de 1944 establece la distribución de los recursos hídricos de los ríos Colorado, Tijuana y Bravo entre ambos países. En el caso del río Bravo, México debe entregar a Estados Unidos un total de 2 mil 185 millones de metros cúbicos en ciclos de cinco años, provenientes de afluentes mexicanos. El nuevo acuerdo confirma que, a partir de hoy, comenzarán las entregas graduales para saldar parte del adeudo, con un plazo que se extiende hasta el 31 de enero.
CÓMO FUNCIONARÁ EL NUEVO ACUERDO
La diferencia radica en la forma de aplicación, ya que las entregas se realizarán de manera escalonada para evitar impactos severos en presas, sistemas de riego y consumo humano en México.
El acuerdo permite reducir la presión diplomática inmediata y abre un periodo de negociación para definir un plan más amplio antes de que concluya enero. Aunque se normaliza de forma temporal la relación bilateral en materia hídrica, el fondo del problema permanece sin una solución estructural.
SEQUÍA EXTREMA Y PRESIÓN SOBRE EL NORTE DEL PAÍS
La cuenca del río Bravo enfrenta una sequía prolongada reconocida por organismos oficiales de ambos países. Estados como Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas presentan niveles críticamente bajos en presas y acuíferos, lo que ha afectado de forma directa a la agricultura, la ganadería y el abasto regional.
Las condiciones actuales ya no responden a los patrones históricos bajo los cuales se diseñó el tratado en 1944. La disminución de lluvias, el aumento de la evaporación y la sobreexplotación de fuentes subterráneas han reducido la disponibilidad de agua, limitando la capacidad de maniobra para cumplir compromisos internacionales sin afectar a las comunidades locales.
Tras la entrada en vigor del acuerdo, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que México no está entregando agua que no existe ni comprometiendo el consumo humano o agrícola. Durante su conferencia matutina del 15 de diciembre, explicó que el cumplimiento del tratado se logró mediante una revisión técnica de distintas cuencas, respetando los volúmenes establecidos y evitando afectaciones a la población.
Sheinbaum detalló que Estados Unidos había solicitado completar las entregas antes de diciembre, una opción que el gobierno mexicano consideró inviable por los riesgos ambientales y operativos de concentrar las liberaciones en un corto periodo. El acuerdo final permitió ampliar los plazos y realizar entregas graduales hasta el 31 de enero de 2026, reduciendo el impacto sobre la infraestructura hídrica nacional.
El nuevo entendimiento evita un conflicto comercial y reduce tensiones políticas, también deja en evidencia la fragilidad de los sistemas hídricos ante el cambio climático. Desde el punto de vista ambiental y técnico, las entregas adicionales no resuelven el problema de fondo, la disminución constante del agua disponible en el norte del país.
