La Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó un nuevo plazo al Congreso de Sonora para adecuar la Ley del Registro Civil y garantizar que niñas, niños y adolescentes trans puedan acceder sin trabas a una nueva acta de nacimiento que reconozca su nombre e identidad de género. Después de más de un año de retraso, el Alto Tribunal ajustó nuevamente la fecha límite y determinó que los legisladores tendrán 90 días a partir de febrero del próximo año, cuando tome posesión la nueva Legislatura.
Este ajuste responde al prolongado incumplimiento del Congreso estatal, que no acató el mandato emitido en la acción de inconstitucionalidad 45/2021, resuelta en junio de 2023. En aquella sentencia, la Corte ordenó eliminar los obstáculos legales que enfrentan menores trans y diseñar un procedimiento ágil para el levantamiento de una nueva acta de nacimiento. Sin embargo, el plazo original —que venció el 5 de julio de 2024— no fue respetado.
UNA DECISIÓN QUE RECONOCE RETRASOS, PERO EVITA SANCIONES INMEDIATAS
El nuevo emplazamiento proviene del análisis del Recurso de Queja 8/2024, promovido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde se señaló que el Congreso sonorense había incumplido las obligaciones constitucionales. Aunque la SCJN podía imponer sanciones como separación del cargo o consignación ante juez federal, decidió no hacerlo por ahora.
El proyecto de la ministra Yasmín Esquivel Mossa destacó que existe una "voluntad manifiesta de cumplimiento" y que la demora responde a la complejidad del proceso legislativo y al cambio de Legislatura, más que a una resistencia deliberada.
El ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, respaldó esta visión y propuso que el nuevo plazo de 90 días comience a correr solo cuando la nueva Legislatura entre en funciones en febrero de 2025, dando margen para que los nuevos diputados inicien el proceso con mayor claridad y orden.
DE NO ACATAR LA ORDEN, HABRÁ SANCIONES
Aunque la Corte decidió evitar sanciones por ahora, dejó claro que, de persistir el retraso, los legisladores enfrentarán las medidas máximas previstas por la Constitución. Entre ellas destaca la separación del cargo y la consignación ante un juez de distrito por desacato.
La resolución de la SCJN reafirma la importancia de garantizar el derecho a la identidad de niñas, niños y adolescentes trans en Sonora.
