Sonora

Dejan INPI

Mayos llegan a acuerdos con autoridades, pero dejan claro que territorio, agua y desarrollo no se están solucionando

Dejan INPI

Integrantes de la Tribu Mayo levantaron la toma de las instalaciones de la Delegación Regional del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), tras llegar a acuerdos con autoridades Federales y Estatales.

Luego de cinco días del movimiento, encabezado por Aniceto Valenzuela Moroyoqui, gobernador tradicional de Etchojoa, y Juan Pérez Gil, dirigente de la agrupación Yoremes de los Ocho Pueblos Principales, se acordó esperar una reunión, el próximo 24 de noviembre, donde se daría respuesta a las demandas de la etnia.

Los líderes mayos, al dar la bienvenida a funcionarios señalaron que el Plan de Justicia debe basarse en los tres ejes principales, que son territorio, agua y desarrollo, lo que no está sucediendo.

Indicaron que el Gobierno Federal debe realizar un “barrido” de la tierra yoreme y definir la cantidad de hectáreas que les han despojado, además de que el Río Mayo debe ser considerado como un usuario más del Distrito de Riego para que recupere su flora y fauna.

Los manifestantes fueron atendidos por Hugo Aguilar Ortiz, asesor jurídico del INPI nacional; Carlos Corral Alday, delegado estatal de ese instituto; Ana Luisa Chávez Haro, de la Subsecretaría de Gobierno del Estado; Abel Castellanos Leyva, de Cedis Sonora, entre otros.

En su intervención, Aguilar Ortiz dijo que es difícil, pero no imposible atender y solucionar las demandas de la tribu, en lo cual ya hay avances importantes.

Señaló que muchos miles de hectáreas no tienen dueño, son terrenos nacionales, pero a través del Plan de Justicia podrían pasar a los mayos en forma general.

Para ello, indicó, coordinarán acciones con funcionarios de varias dependencias Federales, en un trabajo de equipo, para lograr los mayores avances y respuestas en beneficio de los indígenas de esta región.

Reconoció que se ha batallado en la demanda de tierras debido a las reformas realizadas al Artículo 27 de la Ley Agraria, promovidas por el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari, que permitió la venta de las parcelas y derechos logrados a través de luchas de muchos años, por lo que desde 1992 no hay resoluciones presidenciales.

"Tenemos mucha confianza en que, en la reunión del próximo 24 de noviembre en Etchojoa, daremos pasos muy firmes en el Plan de Justicia”, expresó Hugo Aguilar.