Si se actuara de acuerdo con la legalidad, las 300 empresas de Seguridad Privada que operan en Sonora y que fueron "boletinadas" por parte de la Secretaría del Trabajo como incumplidas, deberían estar actualmente clausuradas y no funcionando como si nada pasara, expresó Claudio Huidobro Cárdenas.
El secretario general del Sindicato de Trabajadores en General, Guardias de Seguridad, Veladores, Vigilantes, Similares y Conexos del Estado de Sonora–CTM reveló que el Artículo 10 de la Ley 196 de Seguridad Privada para el Estado de Sonora no menciona que a las empresas incumplidas se les deba otorgar algún tipo de prórroga para que se pongan al corriente en cuanto a las deficiencias o faltas que ostenten, sino que se debe dar el cierre inmediato.
HUIDOBRO MANIFESTÓ:
"La revocación de la autorización podrá hacerse cuando existan quejas o deficiencias en la prestación del servicio, presentadas por los usuarios o prestatarios, previamente comprobadas por la Dirección de Control y Registro de Empresas de Seguridad Privada de la Secretaría; y por violaciones de derechos laborales que se determinen por las autoridades laborales competentes; cuando se actualice el incumplimiento a las obligaciones y restricciones previstas en esta ley o en la autorización respectiva; o que durante el año de autorización no haya realizado la prestación del servicio".
Y es que, dijo, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado les hizo saber que "se va a reconvenir a estas empresas para que hagan lo necesario para cumplir con la normatividad", cuando la ley es clara y no permite negociación alguna, sino que todas las compañías incumplidas deben ser cerradas y posteriormente hacer lo conducente. De otra manera, mientras se les permita seguir operando, será difícil que realicen cambios significativos.
De entrada, las jornadas laborales de 12 horas que la gran mayoría maneja son violatorias de la ley en cuanto al tema de la trata de personas, ya que toda empresa que haga trabajar más de 48 horas a la semana a sus empleados incurre en este delito, el cual obliga a imponer hasta 12 años de prisión a quienes lo cometan, expuso.
Comentó, además, que les ha tocado conocer casos de compañías de Seguridad Privada que traen a la Entidad personas de distintos estados del país para laborar como guardias, y a quienes hospedan en hoteles por dos o tres meses, pero que luego desaparecen, dejando a los trabajadores abandonados, sin conocer Sonora y sin cumplirles lo pactado, lo que representa una flagrante violación a los derechos humanos.
Con las actuales condiciones en las que se hace trabajar a los guardias, es muy difícil que estos puedan salir del círculo de miseria en el que se encuentran sumidos luego de cinco a ocho años de servicio en dichas empresas, que además de no pagarles salarios suficientes, tampoco les brindan prestaciones, afirmó.
Ante esto, pareciera que tanto el Congreso del Estado como las dependencias de Gobierno encargadas de hacer cumplir la ley estuvieran completamente paradas, pues a dos meses de haberse enviado la información, las instancias gubernamentales no actúan en consecuencia, agregó para finalizar.
El Congreso del Estado y dependencias de Gobierno parecieran estar paradas, al no actuar contra las empresas incumplidas, indica Claudio Huidobro
