La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacitra) manifestó su preocupación por diversos aspectos de la reforma a la Ley de Amparo, iniciativa que actualmente está en discusión en el Congreso de la Unión.
José María Quintana Álvarez, presidente de dicho organismo en la Región del Mayo, reconoció la intención del Ejecutivo Federal de agilizar procesos y sancionar dilaciones en la justicia, pero algunos de los componentes de la propuesta podrían tener consecuencias negativas para la seguridad jurídica de la industria nacional.
Entre estas, indicó, la iniciativa limita el interés legítimo a quienes acrediten una “lesión jurídica real, actual y diferenciada, lo que restringe la defensa de derechos colectivos y dificulta que cámaras empresariales u organizaciones puedan proteger normas de interés común, por ejemplo, en materia ambiental o de competencia.
Asimismo, señaló, la reforma excluye la posibilidad de suspensión inmediata en casos clave como bloqueos de cuentas, deuda pública, sistema financiero, telecomunicaciones y competencia económica.
“En términos industriales, significa que una empresa podría perder de inmediato su concesión o autorización, incluso si más adelante un juez le da la razón, lo que genera un riesgo regulatorio severo y desalienta la inversión”, agregó.
Quintana Álvarez mencionó que otros componentes criticables de la reforma son las restricciones a la ampliación de demanda y a la suspensión de actos fiscales; la imposibilidad jurídica o material de cumplimiento de sentencias; y la exclusión de suspensiones en sectores estratégicos.
El dirigente de la Canacintra resaltó que el amparo es el pilar histórico de la seguridad jurídica en México, por lo que su debilitamiento compromete la confianza de los inversionistas y la operación cotidiana de las empresas.
“Por ello, el sector industrial exhorta al Congreso de la Unión a no aprobar disposiciones regresivas que restrinjan indebidamente la defensa legal de empresas y ciudadanos. También pedimos foros donde participen juristas, constitucionalistas y representantes empresariales, a fin de corregir los riesgos señalados”, dijo.
