La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció este miércoles 27 de agosto para que se investiguen los nombres de los posibles funcionarios que, según declaraciones del narcotraficante Ismael "El Mayo" Zambada, habrían recibido sobornos durante décadas.
El líder del Cártel de Sinaloa reveló estos señalamientos en una audiencia realizada en la Corte Federal de Nueva York, en Estados Unidos.
De acuerdo con la información presentada en la corte, Zambada aseguró que durante aproximadamente 50 años realizó pagos a diversas autoridades, tanto del ámbito político como de seguridad, con el fin de garantizar la protección y continuidad de las operaciones del cártel.
Además, admitió la muerte de decenas de personas como parte de la estrategia criminal para mantener el control de la organización.
SHEINBAUM AFIRMA QUE DEBE HABER PRUEBAS Y DENUNCIAS
Ante esta situación, Sheinbaum afirmó en su conferencia de prensa matutina de este miércoles desde Palacio Nacional, que es indispensable esclarecer si hay servidores públicos involucrados:
"Por supuesto, estamos en contra de cualquier soborno o acto de corrupción que tenga que ver particularmente con el tema de seguridad, cualquier investigación es buena", señaló la mandataria.
Cabe recordar que en días previos, Sheinbaum había insistido en que si existían señalamientos directos hacia autoridades mexicanas, debían presentarse las pruebas y denuncias correspondientes para proceder conforme a la ley.
¿QUÉ PASA CON EL PAGO QUE TIENE QUE CUBRIR "EL MAYO" ZAMBADA?
Por otro lado, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, aclaró que la cifra de 15 mil millones de dólares, mencionada por autoridades estadounidenses como parte del pago que Zambada tendría que cubrir, no está relacionada con investigaciones en México.
"Es un cálculo del Departamento de Justicia de Estados Unidos, no tiene nada que ver con las investigaciones en México", precisó el funcionario.
El caso vuelve a poner en el centro del debate la infiltración del crimen organizado en las estructuras del poder público, así como la necesidad de reforzar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas para evitar que episodios como estos se repitan en el país.
