La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, condenó el asesinato del líder productor de limones Bernardo Bravo, ocurrido el pasado lunes en la comunidad de Los Tepetates, Michoacán, y aseguró que el caso no quedará impune.
Durante su conferencia matutina, la mandataria expresó su pesar por el crimen y afirmó que todo el Gabinete de Seguridad está colaborando estrechamente con la Fiscalía General del Estado y el Gobierno de Michoacán para esclarecer los hechos y detener a los responsables.
"Tiene que haber justicia en este caso, y está todo el gabinete de seguridad apoyando a la Fiscalía y al Gobierno de Michoacán para poder llegar a los responsables", declaró Sheinbaum.
La presidenta también reveló que el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana presentó un informe detallado sobre el caso durante la reunión de seguridad de este martes, y adelantó que en los próximos días se ofrecerán más datos sobre los avances de la investigación.
"Es muy triste y lamentable la muerte de este dirigente productor y comerciante de limón", dijo Sheinbaum, quien además reconoció la labor social de Bravo, aunque evitó profundizar en el tema: "Es todo un tema, no quisiera en este momento entrar a ese tema".
CASO DE BERNARDO BRAVO
Bernardo Bravo, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, era ampliamente conocido por su liderazgo en defensa de los agricultores de limón en la región de Tierra Caliente.
Su voz había sido clave en las denuncias sobre las presiones y extorsiones que enfrentan los productores por parte de grupos criminales.
El pasado lunes, Bravo fue asesinado a balazos en Los Tepetates, Apatzingán, mientras realizaba actividades relacionadas con su labor agrícola.
Horas después del ataque, fuerzas federales lograron la detención de Rigoberto "L.", alias "Plátano", presuntamente relacionado con el homicidio y quien formaría parte de la misma unión de citricultores del municipio.
El crimen de Bernardo Bravo ha generado indignación entre los productores del campo y organizaciones agrícolas, quienes han exigido garantías de seguridad ante la creciente violencia que afecta al sector en Michoacán.
