Este lunes 29 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la puesta en marcha de la iniciativa "Operación Cortafuegos" o "Barrera a las Armas", un nuevo acuerdo bilateral entre México y Estados Unidos que busca frenar el tráfico ilícito de armamento hacia territorio mexicano.
Durante su conferencia matutina, la mandataria destacó que, por primera vez, el gobierno estadounidense se comprometió a realizar operativos en su propio territorio para combatir este fenómeno, lo que calificó como un "cambio de visión" en la cooperación en materia de seguridad.
ACUERDO HISTÓRICO CON EU PARA FRENAR TRÁFICO DE ARMAS
El convenio, presentado tras la primera reunión del Grupo de Implementación de Seguridad en McAllen, Texas, contó con la participación de representantes de seis dependencias de ambos gobiernos. Surge además como resultado de la reciente visita del secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, y establece compromisos concretos en investigación, comunicación y trazabilidad de armas, con el fin de identificar tanto fabricantes como armerías responsables de las ventas ilegales.
De acuerdo con Sheinbaum, cerca del 75 por ciento de las armas incautadas en México provienen de Estados Unidos, según cifras reconocidas por el propio Departamento de Justicia de ese país. Con esta operación, se busca no solo rastrear al fabricante, sino también identificar a las armerías y distribuidores que faciliten ventas ilegales.
"El gobierno de Estados Unidos reconoce que tiene que hacer operativos para controlar el tráfico ilegal de armas hacia México, que representan cerca del 75% de lo que se incauta en nuestro país", subrayó Sheinbaum.
Sheinbaum recordó que durante años Estados Unidos evitó reconocer este problema y ejemplificó con el fallido operativo "Rápido y Furioso", impulsado en 2009, que permitió el ingreso de armas al crimen organizado mexicano sin resultados efectivos.
Con la Misión Cortafuegos, ambos países buscan fortalecer la cooperación para reducir la violencia armada, mejorar la seguridad fronteriza y brindar mayor protección a las comunidades afectadas por el crimen organizado.