El enfrentamiento entre Ricardo Salinas Pliego y el Gobierno federal mexicano cruzó esta semana una nueva frontera, pues el empresario y presidente de Grupo Salinas presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
¿QUÉ SEÑALA LA DENUNCIA DE SALINAS PLIEGO ANTE LA CIDH?
Salinas Pliego acusa al Estado mexicano de ejercer una "persecución política" en su contra, en el marco del largo y complejo conflicto fiscal que mantiene con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) desde hace más de 15 años.
A través de un mensaje su cuenta oficial de X, informó que sostuvo una primera reunión con Pedro Vaca, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, en la que entregó un expediente con pruebas de lo que considera un "acoso sistemático" por parte del gobierno mexicano.
Según sus palabras, ese hostigamiento incluye persecución fiscal, judicial y administrativa, presuntamente coordinada para "intimidar, desgastar y callar a quienes pensamos distinto y levantamos la voz".
La denuncia internacional llega después de que el magnate agotara todas las instancias judiciales en México.
DEUDA FISCAL DE RICARDO SALINAS PLIEGO
En noviembre de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó los últimos recursos legales promovidos por sus empresas, lo que dejó firme una deuda fiscal de 51 mil millones de pesos correspondiente a adeudos acumulados desde 2007.
Con ese fallo, Hacienda quedó en condiciones de iniciar la fase de ejecución para exigir el pago.
De acuerdo con un comunicado de Grupo Salinas, desde 2023 el empresario ha sido objeto de auditorías excesivas, ataques a su reputación mediante declaraciones oficiales y una utilización política del aparato fiscal.
Además, el empresario mexicano destaca un supuesto debilitamiento de la independencia judicial tras la reciente reforma que modificó de manera sustancial la integración del Poder Judicial.
La reunión con la CIDH se realizó en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington, lo que subraya la dimensión que el empresario quiere darle al conflicto.
Hace apenas unas semanas, la Secretaría de Hacienda fijó el monto definitivo que deberá cubrir ante el SAT, lo que abrió formalmente la etapa de cobro.
El gobierno federal anunció que el requerimiento de pago se realizaría en enero, aunque dejó abierta la posibilidad de una reducción de hasta 39% si el empresario opta por una liquidación voluntaria.
Lejos de aceptar esa vía, Salinas Pliego decidió escalar la disputa a instancias internacionales. Sin embargo, el impacto jurídico real de la denuncia es limitado en el corto y mediano plazo.
IMPACTO POLÍTICO Y FISCAL DEL CONFLICTO DE SALINAS CON EL SAT
La CIDH puede tardar años en decidir si admite el caso y, en un escenario aún más remoto, si lo turna a la Corte Interamericana.
Incluso un eventual fallo favorable difícilmente podría revertir la obligación de pago, sobre todo después de los cambios recientes al recurso de amparo. En el mejor de los casos para el empresario, se trataría de una victoria simbólica.
En el plano político, el conflicto tiene un peso mayor. El gobierno de Claudia Sheinbaum ha convertido el combate contra los grandes deudores en uno de los ejes de su estrategia para aumentar la recaudación sin impulsar una reforma fiscal.
En ese contexto, Salinas Pliego se ha transformado en el rostro más visible de un problema mucho más amplio: cerca de dos billones de pesos en créditos fiscales impugnados que permanecen atrapados en los tribunales.
La disputa también tiene un fuerte componente ideológico. El empresario es uno de los críticos más activos y mediáticos del gobierno morenista, y su influencia ha crecido al punto de que sectores de la oposición, incluido el PAN, ya lo ven como un posible candidato político.
