Reforma de AMLO al Poder Judicial: ¿En qué consiste y por qué ha sido polémica?
Entre los cambios más significativos que contempla la reforma, se encuentra la elección de jueces y magistrados por voto popular
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha declarado que Morena buscará aprobar la reforma al Poder Judicial en el próximo periodo parlamentario de sesiones que iniciará el 1 de septiembre.
Esta reforma es parte de un paquete de 20 propuestas presentadas por el mandatario en febrero pasado, las cuales buscan modificar diversas partes de la Constitución. A continuación, te compartimos de qué trata y los puntos que debes conocer.
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VOTO POPULAR
Entre los cambios más significativos que contempla la reforma, se encuentra la elección de jueces y magistrados por voto popular. La propuesta incluye modificar el artículo 95 constitucional para que los jueces sean elegidos mediante voto directo y secreto por un periodo de 12 años, en lugar de los 15 años actuales.
Además, se llevaría a cabo una elección extraordinaria en 2025 para renovar a ministros, magistrados y jueces, permitiendo que los actuales ocupantes de estos cargos puedan ser candidatos.
BUSCA REDUCIR NÚMERO DE MINISTROS
Otro cambio relevante es la propuesta para reducir el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 11 a 9, y ajustar su periodo en el cargo de 15 a 12 años. La reforma también contempla la eliminación de las dos salas del máximo tribunal, permitiendo que todas las sesiones sean públicas y transparentes.
Además, se eliminaría la pensión vitalicia para ministros, y sus remuneraciones serían ajustadas al tope máximo establecido para el presidente de México, que ronda los 130 mil pesos mensuales.
La reforma también propone sustituir el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por dos nuevas instituciones: el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial. Estas entidades se encargarían de las funciones administrativas, de carrera judicial y de control interno, así como de investigar y sancionar a ministros, magistrados, jueces y personal judicial por actos contrarios a la ley.
NUEVAS REGLAS
Finalmente, la propuesta incluye nuevas reglas procesales, entre las que destacan la justicia expedita, con un plazo máximo de seis meses para resolver asuntos fiscales y un año para asuntos penales; la prohibición de otorgar suspensiones contra leyes en amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad; y la reintegración de fideicomisos del Poder Judicial al Fondo de Pensiones para el Bienestar una vez finalizados los juicios pendientes.
