El Senado de la República dio luz verde a las modificaciones propuestas a la Ley de Amparo, cerrando así un largo proceso legislativo y enviando el dictamen final al Ejecutivo Federal. Estos ajustes no solo tocan aspectos técnicos del procedimiento de amparo, sino que abren un debate de fondo sobre el equilibrio entre el acceso a la justicia y la necesidad del Estado de frenar abusos en materia fiscal y administrativa.
Con 83 votos a favor y 38 en contra, senadores de Morena, PT y PVEM aprobaron en lo general el dictamen previamente avalado por la Cámara de Diputados. En lo particular, también fue respaldado, pese a las objeciones de la oposición integrada por el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.
Las reformas apuntan a perfeccionar el juicio de amparo como herramienta clave para proteger los derechos fundamentales. Según el dictamen, se busca evitar su uso como estrategia dilatoria o de evasión por parte de quienes enfrentan obligaciones fiscales, impidiendo que el juicio se convierta en un recurso para obstaculizar resoluciones firmes que afectan al erario público y al orden social.
CAMBIOS CLAVE EN LA LEGISLACIÓN
Entre los ajustes más relevantes se encuentra la modificación al artículo 128 de la Ley de Amparo, en el que se sustituye el término "interés público" por "disposiciones de orden público", con el objetivo de eliminar ambigüedades interpretativas que, según los legisladores oficialistas, permitían lecturas discrecionales del texto legal.
También se eliminó la fracción que permitía suspensiones cuando existiera la posibilidad de un daño de difícil reparación, argumentando que esta disposición contradecía principios constitucionales como la progresividad de los derechos humanos.
Por su parte, el artículo 129 fue modificado para dejar claro que continuar actividades que requieren autorización federal, sin contar con ella, se considera contrario al interés social. Esta precisión normativa busca limitar vacíos legales que antes eran aprovechados por particulares para operar al margen de la ley.
¿PROTECCIÓN O RETROCESO?
Aunque desde el oficialismo se afirma que las reformas fueron ampliamente discutidas y perfeccionadas tras audiencias públicas con más de 40 especialistas, la oposición asegura que se trata de un retroceso en materia de derechos humanos.
El senador Clemente Castañeda (MC) propuso una moción suspensiva al considerar que las reformas vulneran el espíritu del amparo como salvaguarda contra el abuso de poder. La senadora Alejandra Barrales (MC) fue más allá, calificando la reforma como una "ley de desamparo", acusando a la Cámara de Diputados de mantener el polémico artículo tercero transitorio, pese a las objeciones incluso de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Del lado del PRI, Carolina Viggiano criticó que el proceso legislativo no atendiera las advertencias de especialistas y que, en lugar de ampliar el acceso a la justicia, la reforma refuerza el control del Estado sobre los ciudadanos, al facilitar la ejecución de actos de autoridad sin garantías suficientes para los afectados.
En respuesta, legisladores de Morena y aliados defendieron el dictamen, asegurando que se trata de una ley más clara, justa y útil para combatir prácticas evasivas que, según ellos, han sido utilizadas por grandes contribuyentes para evitar responsabilidades fiscales.
RÉGIMEN TRANSITORIO: ¿RETROACTIVIDAD O PRECISIÓN LEGAL?
Uno de los temas más controvertidos fue el régimen transitorio, especialmente el artículo tercero. Aunque se incorporaron ajustes para evitar efectos retroactivos en perjuicio de derechos adquiridos, diversos senadores de oposición denunciaron que el texto aún deja margen para interpretaciones que podrían vulnerar garantías procesales.
El texto establece que los procesos iniciados antes de la entrada en vigor del decreto se regirán por las normas anteriores solo en las etapas ya concluidas, mientras que las acciones posteriores deberán seguir el nuevo marco legal. Según defensores del dictamen, esta medida no afecta derechos ya adquiridos y se alinea con criterios de la Suprema Corte de Justicia.
PRÓXIMO PASO: EL EJECUTIVO FEDERAL
Tras su aprobación en el Senado, el dictamen fue enviado al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
