Garantizar el acceso a la seguridad social de los ministros de culto en México es el objetivo de una iniciativa presentada por el diputado Hugo Eric Flores, de Morena, quien propuso reformas a diversas leyes para que sacerdotes, pastores y otros líderes religiosos puedan incorporarse al Seguro Social mediante aportaciones voluntarias.
De acuerdo con el Inegi, en 2024 había alrededor de 30 mil sacerdotes, pastores y teólogos en el país; sin embargo, la informalidad laboral en esta ocupación fue 18 por ciento superior a la informalidad general. Esta situación provoca que muchos ministros concluyan su vida laboral sin acceso a servicios médicos ni a una pensión.
SE MODIFICARÍAN ALGUNAS LEYES
La propuesta del legislador contempla cambios a la Ley del Seguro Social, la Ley de Asociaciones Religiosas, la Ley del ISR y la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con el fin de que las iglesias puedan cubrir cuotas de manera voluntaria, deducir impuestos cuando realicen labores de asistencia social y, eventualmente, acceder a concesiones de radio y televisión.
Flores señaló que se trata de un acto de justicia, ya que muchos ministros viven de las aportaciones de los feligreses y un alto porcentaje no percibe siquiera el salario mínimo.
Recordó además que ya existió un programa piloto del IMSS que permitió la incorporación de más de cien mil ministros de culto al esquema de Personas Trabajadoras Independientes.
DIÓCESIS ABSORBEN GASTOS MÉDICOS DE SACERDOTES
Mientras estas reformas se discuten, en la práctica varias diócesis ya buscan alternativas para proteger a sus sacerdotes. En la Iglesia católica, la mayoría de las diócesis contrata un seguro sacerdotal que cubre parcial o totalmente los gastos médicos de los presbíteros.
Un ejemplo es la Diócesis de Ciudad Obregón, donde cada año se organizan rifas y eventos especiales de recaudación de fondos para poder pagar dicho seguro. Asimismo, algunos sacerdotes optan por cubrir su seguridad social con recursos de su propio salario, mientras que otros son asegurados por un tercero.
Estas experiencias hacen ver la necesidad de un marco legal que garantice protección social a quienes dedican su vida al servicio religioso.
