Deysi "N", una niña de apenas 10 años, se encuentra luchando por su vida en una unidad de cuidados intensivos tras enfrentar un parto prematuro que ha dejado secuelas devastadoras en su organismo.
De manera extraoficial, se sabe que la niña reside en San Cristóbal de Las Casas, aunque es originaria de un municipio de la región Altos de Chiapas.
UN ESTADO DE SALUD CRÍTICO
El diagnóstico médico es alarmante, pues debido a su inmadurez física, con un peso menor a los 40 kilos y una estatura de apenas 1.20 metros, el cuerpo de la menor no estaba preparado para el proceso de gestación ni para un parto prolongado.
Los especialistas del Hospital de las Culturas reportan daños severos en órganos internos, incluyendo el aplastamiento de la vejiga y la uretra, así como lesiones graves en diversos tejidos.
Pese a que el recién nacido logró sobrevivir tras nacer dos semanas antes de lo previsto, su estado de salud también se reporta como delicado. El pronóstico para Deysi sigue siendo reservado, con señales que los médicos califican como "poco alentadoras" dada la magnitud del trauma físico sufrido.
EL SOSPECHOSO SE DA A LA FUGA
La alerta se encendió cuando un sujeto de 18 años, quien se identificó como "esposo" de la niña, la trasladó al Hospital de la Mujer.
Sin embargo, en cuanto un trabajador social notificó los hechos a la Fiscalía General del Estado, el individuo desapareció, convirtiéndose ahora en el principal sospechoso de este caso de abuso.
Este suceso ha reactivado el debate sobre la efectividad de las leyes de protección infantil en zonas vulnerables.
¿QUÉ DICE LA LEY EN MÉXICO?
En México, el matrimonio infantil es una práctica estrictamente prohibida desde las reformas al Código Civil Federal que fijaron los 18 años como edad mínima, sin excepciones.
Bajo la legislación vigente, casos como el de Deysi no son vistos como "uniones tempranas", sino como delitos graves. La cohabitación forzada de menores de dieciocho años se castiga con penas de 8 a 15 años de prisión.
Además, al tratarse de una menor de 12 años, el sistema judicial mexicano tipifica el acto automáticamente como violación equiparada, lo que conlleva penas de hasta 20 años de cárcel.
- Responsabilidad compartida: Las sanciones no solo recaen en el agresor, sino también en familiares o autoridades que faciliten u omitan su deber de impedir estas uniones.
- Protocolos de Salud: Los hospitales están obligados por ley a denunciar ante el Ministerio Público cualquier caso de embarazo en menores de edad para activar protocolos de protección.
Este lamentable hecho ocurre a pocos meses de que el Gobierno de México reforzara la estrategia nacional en 50 municipios con alta incidencia de violencia sexual infantil, buscando erradicar prácticas que, como en el caso de Deysi, roban la infancia y ponen en riesgo de muerte a las niñas del país.
