El Senado de la República clausuró un salón de belleza que operaba dentro de sus instalaciones luego de que se generaran cuestionamientos públicos por la existencia de este servicio en un espacio legislativo.
La llamada "estética" se encontraba en el segundo piso del edificio, junto a oficinas y áreas de trabajo parlamentario, y ofrecía servicios de peinado y maquillaje a senadoras y senadores.
Tras la difusión del caso, personal del Senado colocó sellos de clausura en el lugar, suspendiendo su funcionamiento. Hasta el momento, no se ha emitido una explicación oficial sobre los motivos técnicos o normativos que derivaron en el cierre del establecimiento.
OPERACIÓN DISCRETA Y CUESTIONAMIENTOS PÚBLICOS
El salón había sido habilitado sin señalización visible y llevaba varios meses operando de manera discreta dentro del lugar. De acuerdo con la información disponible, en días de sesión plenaria ofrecía servicios principalmente entre las 7:00 y las 14:00 horas.
Aunque no existía una lista pública de precios ni información clara sobre los costos, el funcionamiento del lugar generó críticas debido a que se encontraba dentro de un edificio público destinado a labores legislativas.
La falta de transparencia sobre su operación y su ubicación en el interior del Senado alimentaron el debate en redes sociales y medios de comunicación.
ASÍ SE JUSTIFICÓ SU USO
Ante la polémica, la presidenta de la Mesa Directiva, la senadora Laura Itzel Castillo Juárez, defendió la existencia del salón de belleza. Señaló que no se trataba de un privilegio financiado con recursos públicos y aseguró que quienes utilizaban el servicio lo pagaban de manera personal, sin recurrir al presupuesto del Senado.
Castillo Juárez sostuvo que el espacio no fue creado para beneficiar a una legisladora en particular y recordó que servicios similares han existido en otros periodos dentro de la Cámara Alta, así como en otras instancias legislativas.
Por su parte, la senadora Claudia Anaya se deslindó del uso del salón clausurado y rechazó que exista un acuerdo entre legisladoras para negar su utilización. La clausura del espacio mantiene abierto el debate sobre los límites y el uso de instalaciones dentro de recintos públicos.
