Autos “chocolate”: este es el costo por regularizar tu carro tras el nuevo decreto
Luego de que este día se anunció una nueva prórroga en el programa, es importante saber si el precio por el trámite también se modificó
El plazo para la regularización de autos “chocolate” tuvo una nueva fecha, anunció esta mañana la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez.
La nueva prórroga se extendió hasta el 31 de diciembre del presente año, destacó la funcionaria, y los propietarios de vehículos extranjeros serán atendidos en los 164 módulos del Registro Público Federal (Repuve) instalados en las 17 entidades participantes.
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Tras el nuevo decreto, se pretende que ningún carro “chocolate” quede sin definir su situación legal para circular libremente en México; asimismo, de esta manera, se permite saber los nombres de los propietarios y sacar a las unidades del anonimato, evitando que sean usadas en actividades ilícitas, señaló la funcionaria.
¿SUBIRÁ EL COSTO EN LA REGULARIZACIÓN DE AUTOS “CHOCOLATE”?
Rosa Icela Rodríguez reveló que a la fecha se han legalizado 1 millón 803 mil 58 autos “chocolate”, con lo que se han recaudado más de 4 mil 507 millones de pesos; dinero que se emplea en la pavimentación de las calles de los estados involucrados en el programa.
La funcionaria señaló que aunque se amplió el plazo por tres meses más, el costo por el trámite sigue siendo de 2 mil 500 pesos.
“Invitamos a la población a aprovechar la ampliación del plazo. Les compartimos el proceso para sacar una cita y hacer el trámite de regularización del vehículo”, destacó Rodríguez Velázquez.
¿QUÉ VEHÍCULOS SE PUEDEN LEGALIZAR EN MÉXICO?
Los vehículos de procedencia extranjera que se pueden legalizar en México deben ser modelo 2016 o anteriores, mismos que deberán ser fabricados o ensamblados en México, Estados Unidos o Canadá. De igual manera, se especifica que estos autos no deben ser deportivos, de lujo, eléctricos o blindados.
Asimismo, los autos “chocolate” no deben contar con reporte de robo o estar inmiscuido en algún delito; además deben cumplir con las normas vigentes de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
