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¿Viene otra expropiación de tierras?

Una grave amenaza se cierne sobre la región del sur de Sonora.

En su afán de persuadir a la Tribu Yaqui para que permita seguir operando el ilegal acueducto Independencia, los operadores del famoso “Plan de Justicia” para los indígenas están cayendo en el error de enfrentarlos con los agricultores y campesinos de municipios como Bácum, San Ignacio Río Muerto, Empalme, Guaymas y Cajeme.

Francisco Gonzalez Bolon
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En su afán de persuadir a la Tribu Yaqui para que permita seguir operando el ilegal acueducto Independencia, los operadores del famoso “Plan de Justicia” para los indígenas están cayendo en el error de enfrentarlos con los agricultores y campesinos de municipios como Bácum, San Ignacio Río Muerto, Empalme, Guaymas y Cajeme.

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Están comenzando a crear el ambiente como el de 1976 cuando el entonces presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez, decretó la expropiación de tierras en el Valle del Yaqui en beneficio de campesinos, sí, pero también peluqueros, taxistas, funcionarios y de otros oficios que nada sabían de cómo sacarle frutos a la tierra.

Ese acto en su momento fue calificado de populista y años después daría la razón a sus críticos porque hoy los predios entregados han regresado a muchos de aquellos a los que se les expropiaron, pero ahora por la vía de la renta e incluso la venta, ya que el 95% de los campesinos ya no trabajan en sus predios o, si lo hacen, son los peones, no los propietarios.

Pues bien, hace unos días comenzó a circular una publicación de la Sedatu mediante la cual invita a los propietarios de terrenos de zonas como La Cuchilla, en San Ignacio Río Muerto, y otras del resto de los municipios que curiosamente se asientan precisamente sobre la superficie que la Tribu Yaqui ha señalado como susceptible de que se les “devuelva” porque forma parte de su ancestral territorio.

Así, los indígenas han comenzado a ver como sus “enemigos” a los propietarios de esas zonas, lo cual es parte de la estrategia para acercar a los yaquis a la 4T y seguir operando el caudal del río Yaqui en beneficio de proyectos urbanísticos de Hermosillo.

Bajo esa óptica, Adelfo Regino Montes, titular del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, ha realizado diversas reuniones con los yaquis, y los mayos incluso, para supuestamente devolverles su territorio como parte del Plan de Justicia, aunque en el fondo lo que se ha planteado es que a cambio de ello, se permita seguir operando el acueducto Independencia.

Un yaqui experto en los linderos explica así lo que se reclama al gobierno federal:

“Históricamente, la Tribu Yaqui ha defendido un territorio que define como los puntos naturales y superan las más de 500,000 hectáreas. En esta lucha considera a Cócorit y Bácum como parte de su territorio; por el contrario, el decreto de 1940, define un territorio más reducido, menos de 500,000 mil hectáreas, lo cual incluye el despojo de los dos pueblos yaquis: Cócorit y Bácum. Con el afán de dar solución definitiva a este reclamo, en 1996, en el sitio Bocabierta los yaquis emprenden una lucha que conllevó a una pérdida de más de 30,000 hectáreas, pues el 10 de enero de 1997 en Loma de Bácum se da la expropiación oficial de 2,688 hectáreas, producto de una traición, que redujeron, en el decreto expropiatorio de Zedillo, a solo 462,000 hectáreas el territorio ancestral”.

Otro modo de enfrentar a los yaquis, incluso al interior de cada pueblo, ha sido la designación de Julio Gotobopicio como coordinador de Asuntos Indígenas del Ayuntamiento de Cajeme, cuando los usos y costumbres no autorizan que un maestro litúrgico forme parte de los gobiernos yoris.

Antes de extenderse ese nombramiento, debió tenerse la aprobación del gobierno tradicional, conforme a la costumbre ya'ura de los yaquis, según se sabe, puesto que los maestros litúrgicos son los que juramentan a los kobanaos y demás autoridades tradicionales, por lo que deben tener calidad moral para aconsejar al gobierno yoreme, si hay omisión en sus funciones.

Pero al estar en tiempos de campañas electorales, se desea mantener el control político del pueblo de Cócorit, cuya autoridad tradicional está asentada en Loma de Guamúchil.

Por lo que se sabe, que Gotobopicio y el actual gobernador de Cócorit, Guillermo Valdez, son los que desterraron a César Cota Tórtola como Capitán. También sacaron del cobro en el bloqueo de la carretera a Juan Luis Matuz, en enero, por lo que ambos controlan ahora las cuotas de los automovilistas en el bloqueo del danzante yaqui.

¿Hasta dónde pensará llegar la 4T en su objetivo de control político en las etnias de Sonora? ¿Sabrá Andrés Manuel López Obrador lo que andan haciendo en su nombre?

Ojalá y las mentes maquiavélicas que urdieron estas estrategias piensen bien en lo que están haciendo antes de que se presenten tragedias que luego vayan a lamentar.

Comentarios: francisco@diariodelyaqui.mx