Una serie policíaca real

Una especie de serie policiaca de la vida real se desarrolla en estos momentos con escenarios ubicados tanto en Estados Unidos como en México. Prácticamente se ha llegado al desenlace de esa trama. Pero sin duda tal epílogo era lo que se estaba esperando. Aunque habrá que señalar que resta un particular trámite sobre defensa legal para concretar el fin de la aludida historia.

Es difícil, sin embargo, que Genaro García Luna se ponga a salvo de la condena por 38 años de cárcel que le acaba de ser dictada en Estados Unidos por un juez federal bajo cargo de recibir sobornos procedentes del narcotráfico. La dimensión personal o pública del acusado se explica por sí sola, al tomar nota de que se trata de alguien que fue secretario de Seguridad Pública en el gobierno del presidente Felipe Calderón. Con eso pudiera quedar dicho todo.

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 Pero es al revés. Esa identificación personal y política suya es la que precisamente abre todo el asombro o estupor que ha generado su caso. Por la significación de ese cargo que desempeñó, García Luna debió ser por fuerza uno de los funcionarios de mayor confianza personal e institucional del gobierno al que perteneció y de quien lo encabezó. Un tanto elegante en su decir, el ex mandatario Calderón dijo que nunca tuvo evidencia verificable que involucrara con actividades ilícitas a su secretario de Seguridad Pública.

México es un país de mitos que suelen creerse a pie juntillas y que se asumen como reales de buenas a primeras nada porque son lo que son. Uno de estos mitos señala que un Presidente de la República lo sabe todo en un momento dado nada más por estar en ese cargo. Puede ser. Aunque de resultar así, en el caso de Calderón parecería que las andanzas de García Luna le pasaron de noche. La verdad es que la explicación suya en este sentido deja mucho que desear. Aunque debe reconocerse que no ha eludido el tema.

Sin embargo, puede resultar discutible su afirmación en cuanto a que el caso contra García Luna no demerita la política contra el narcotráfico que aplicó como mandatario, “pues fue una responsabilidad de todo un equipo que combatió a la delincuencia con toda la fuerza del Estado”. Todo puede estar muy bien dicho. Pero el único problema es que el jefe práctico de ese equipo fue precisamente García Luna. ¿Nadie supo de sus andanzas?

Otro asunto que importa abordar, que no tiene nada que ver con el anterior, pero que igualmente llama la atención por sus propias características, es el que está relacionado con el número de quienes buscan obtener la titularidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Se trata de un total de 66 aspirantes. No vaya usted a pensar que su vista le jugó una broma de lectura numérica. El dato es correcto: 66 aspirantes.

 ¿Pues qué estarán dando en la CNDH? El salario no es la octava maravilla del mundo, sin ser tampoco una minucia. Pero no hablemos de cosas tan materialistas como el insano dinero que todo lo echa a perder. Piénsese mejor en las razones del elevado número de sonantes que se registró para encabezar la siempre respetable e importante Comisión Nacional de Derechos Humanos. La novedad está en que Rosario Ibarra, la actual presidenta del organismo, busca permanecer en el cargo, lo que significa que figura en el grupo de 66 aspirantes registrados, pero ella en busca de la reelección. El Senado de la República escogerá de una terna al ganador o ganadora de esta contienda.

El de los derechos humanos es hoy por hoy uno de los grandes y más importantes temas de la que se considera como agenda nacional. Se trata de una relación delicada y difícil por la singularidad gravosa que en cierta medida caracteriza a tiempos como los de hoy. Por eso no debe ser fácil estar al frente de una tarea que esencial o fundamentalmente tiene que ver con la vigencia o respeto de un renglón fundamental en y para la convivencia social. Pero quizá las cosas al respecto serían mucho más complicadas de no existir una entidad como la CNDH.

Existe y por lo visto muy codiciada en lo que toca a la oportunidad de ejercer su mando. Quizá sólo en un país como el nuestro sea posible que haya un registro de 66 sonantes a ejercer una jefatura en un ámbito de trabajo en extremo delicado como el propio de los derechos humanos. Pero tal es la evidencia disponible. Cabe esperar que el respectivo procedimiento de elección en la CNDH responda al mejor interés existente en la materia. No cabe suponer o alentar otra motivación.

armentabalderramagerardo@gmail.com

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