La batalla campal ocurrida en el templo se produjo esencialmente por la hechura de un Comité Pro Obras nombrado directamente por el Ayuntamiento
Por: Gerardo Armenta
Nadie lo hubiera creído así, pero por lo visto las autoridades de Navojoa fueron las responsables de la batalla campal ocurrida recientemente en la comunidad de Sinahuiza. Con esa acción violaron la autonomía, derechos y costumbres de la Etnia Mayo, todo lo cual, por supuesto, no ha de significar cualquier cosa.
En la base de todo el problema (como se comentó en una columna reciente) estuvo, y quizá está todavía, un conflicto por el derecho o la facultad de organizar las llamadas fiestas tradicionales de San Cayetano en Sinahuiza. Así lo hizo constar Juan Pérez Gil, dirigente del organismo denominado Ocho Pueblos Principales, quien, sin muchas medias tintas al respecto, dijo que la batalla campal ocurrida en el templo de Sinahuiza (hay que fijarse nada más donde sucedió) se produjo esencialmente por la hechura de un Comité Pro Obras nombrado directamente por el Ayuntamiento de Navojoa.
Sin embargo, el problema se produjo realmente al parecer por la excesiva intervención que tuvo en ese organismo el regidor étnico Guillermo Poqui Rábago. Básicamente, Pérez Gil acusó al edil de ejercer una intromisión indebida en los asuntos indígenas, en tanto que asumió un rol que no le corresponde, en tanto que no es una autoridad tradicional, además de que apoyó a una de las partes en pugna. Este es un rosario de acusaciones por las que Poqui Rábago tendría que responder llegado el caso, aunque sin olvidar que se trata de un regidor perteneciente a la misma etnia.
Precisamente en ese conglomerado, las cosas o los hechos que tienen que ver con sus actividades, de suyo deberían llevarse a cabo en un marco más fraternal o solidario. Pero lo curioso es que a menudo ocurre precisamente lo contrario entre la población indígena del Mayo. Algo pasa con sus liderazgos que no han podido poner cabal orden en las diferencias comunitarias que luego se convierten en choques singularizados por alguna forma de violencia o desencuentro. En un contexto como el descrito, las fiestas de carácter religioso a menudo suelen estar en la base de enconos o divergencias que no tendrían razón de ser.
Como ha quedado dicho, el más reciente de esos pleitos fue en Sinahuiza, el cual prácticamente se desarrolló en el templo mismo del lugar, lo que ya es decir mucho en cuanto a la rijosidad que salió a flote por parte de los contendientes. Deben ser serias las diferencias entre los pobladores de ese lugar, al extremo de que en el choque de que se habla hasta el mismo gobierno de Navojoa salió raspado a través de la persona del regidor étnico.
Mientras tanto, en lo que es otra problemática indígena, gobernadores de la Etnia Guarijío tuvieron recientemente una reunión en la que pidieron les cumplan los acuerdos en que se basó la construcción de la Presa Los Pilares. El asunto no es nuevo. Tampoco es la primera vez que sale a la luz pública. La visión o el temor de los afectados es clara y comprensible. Por ejemplo, uno de sus voceros dijo que ya falta poco tiempo para que termine este sexenio y todavía hay varios pendientes de interés y necesidad para los guarijíos.
Por ejemplo: las cooperativas pesqueras, el tianguis turístico y los servicios de salud, entre otros puntos del Plan de Justicia. Héctor Zayla Enríquez, vocero de la tribu, planteó un hecho ciertamente inexplicable por donde quiera ser visto: la Presa Pilares fue inaugurada hace cuatro años y todavía los pescadores no trabajan bajo el amparo de cooperativas. Necesitan también que se les mejore la infraestructura de salud con que cuentan, que no debe ser mucha al tenor de este recuento. Una emergencia médica entre ellos no puede ser atendida con rapidez.
Los guarijíos demandan igualmente la restitución, con certeza jurídica y no con rollos demagógicos, de 33 mil hectáreas que necesitan para impulsar proyectos de pesca y artesanías. El vocero de la tribu dijo, con extrema y sobrada razón, que es muy importante tener un territorio debidamente acreditado, reconocido y titulado. Este planteamiento ya fue hecho por los guarijíos en diversas ocasiones. Pero es hora de que no han tenido respuesta por más que esta necesidad se ha canalizado a través del Plan de Justicia.
Con justa razón, la inquietud de ellos es que el sexenio está por terminar y a los guarijíos les gustaría tener respuestas a sus planteamientos. No puede negarse que tienen avances en renglones como vivienda, caminos y asistencia social, los que han sido posibles gracias al mismo Plan de Justicia, del que esperarían mayor rapidez con sus respuestas. Ojalá sea así.
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