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¿Quién paga a las violentas?

El sábado pasado un grupo de mujeres dañó el edificio de la Fiscalía General de Justicia de Sonora en Ciudad Obregón.

Hasta ahí puede entenderse como parte de la irritación de muchas mujeres que han perdido a sus hijas, madres o hermanos debido a la delincuencia.

Pero lo que llama la atención es que esas mujeres no fueron reconocidas por quienes organizaron la marcha para pedir justicia por sus desaparecidas.

Desde el principio de la caminata, cuentan algunas de las participantes, se vio que ese grupito, no mayor a 10 que vestían diferente a como lo hacen las sonorenses, intentó tomar el control del movimiento e incluso amenazaban a los representantes de los medios de comunicación para que no tomaran fotografías ni videos.

Como nunca, dicen los cronistas del suceso, se sintieron amenazados a pesar de que ya habían participado en otros convocados por las mismas colectivas locales pero que nunca les habían gritado ni obligado a apagar sus cámaras.

Aunque las participantes en la marcha siempre lo han hecho con propiedad y sin violencia, en el fondo muchas de ellas hubieran querido hacer esas manifestaciones de ira contra las autoridades que no las ven ni las oyen.

En Sonora, la Fiscalía General de Justicia ha apoyado en alguna medida a las madres buscadoras o a las familias de desaparecidas, pero en lo local, el Gobierno de Sergio Pablo Mariscal Alvarado les ha cerrado las puertas, según comentan algunas de las damas.

Es decir, hay causas para que ellas estén enojadas con los gobiernos, pero en cierto modo no se atreven a hacer actos vandálicos, razón de mas para emprender una investigación sobre ese pequeño grupo que desató la violencia contra el edificio público.

Sería bueno saber, quién las patrocina y en función de qué. Pudiera ser, como señalan las colectivas, que alguien esté deseoso de que se les vea como mujeres rijosas, feminazis les llaman algunos, y que con ese tipo de conductas poco a poco se desanimen para no participar mas en los eventos públicos en los cuales se delata qué autoridades trabajan y cuáles no, en la protección de las mujeres o la búsqueda de las desaparecidas.

Condenables para algunos o justo para otros, este tipo de conductas son un llamado de atención, primero, para que las víctimas de la violencia sean debidamente atendidas y, en segunda instancia, para que la sociedad valore cómo se busca desbaratar este tipo de eventos a fin de que no haya crítica hacia quienes no ejercen su labor de protección a la vida y el patrimonio de la sociedad.

En cualquiera de las dos alternativas, hay mucho por trabajar.

PALOMITAS BLANCAS

Se quejan los regidores de Navojoa y Cajeme porque las acciones en el Congreso del Estado se constituyen en solamente actos de simulación y negociaciones para obtener prebendas políticas o económicas.

Es por ello que los integrantes de la Comisión de Gobernación desestimaron como buenas las pruebas contra la alcaldesa de Navojoa y el alcalde de Cajeme, Rosario Quintero Borbón y Sergio Pablo Mariscal Alvarado, respectivamente, para enderezar en su contra sendos procesos de juicio político.

En Navojoa, es evidente el caos político que derivó del desorden administrativo en las finanzas municipales.

Y en Cajeme, la inoperancia del Presidente Municipal también es evidente para la población, al grado de que durante buena parte de la pandemia, Mariscal Alvarado setiró a perder”, como coloquialmente se dice.

Hoy, los alcaldes pueden sentirse gustosos de que no les van a enderezar ningún juicio político.

Pero de lo que ya no se salvan es del juicio de su comunidad hacia ellos. Simple y sencillamente, son todo lo contrario a la transformación que prometieron. Y esa chamuscada, nadie se las quita.

Comentarios: franciscogonzalez.bolon@gmail.com