Perdón sin justicia
Diciembre 08, 2021 - 10:47 p.m.
La familia de Jiménez Mota no había enseñado el expediente sobre la indagatoria del Gobierno Federal; y es que no sólo la delincuencia estaría detrás
Al paso del tiempo y el consecuente olvido ciudadano sobre los hechos, es muy fácil para el Estado mexicano pedir perdón y, lo mas seguro, olvidarse de que el 2 de abril de 2005 fue el último en que se vio en Hermosillo al periodista Alfredo Jiménez Mota.
Hoy es fácil decir que los anteriores gobiernos no pudieron con el paquete de esclarecer ese caso, ligado no solamente a las fuerzas del crimen organizado, sino a funcionarios públicos que servían a dos amos.
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Se ve difícil que el Gobierno quiera, pueda o cumpla, con la solución de este caso. Primero, algunos de los que pudieran aportar buena información están muertos. Y, además, es de temerse que la política de abrazos y no balazos simplemente acabe por desaparecer las huellas que lleven a los responsables de la desaparición.
Aunque a la familia de Jiménez Mota no le habían enseñado el expediente sobre la indagatoria del Gobierno Federal, se habla de que no solamente la delincuencia está detrás del caso, sino que en ese momento funcionarios como Andrés Montoya García, del Sistema Estatal Penitenciario de Sonora, y Raúl Fernando Rojas Galván, entonces Subdelegado de la PGR, fueron los últimos en verlo, pero fueron interrogados “por encimita”.
También se ha escuchado mucho acerca de la intervención de funcionarios de la entonces Procuraduría General de Justicia de Sonora, a cargo de Abel Murrieta Gutiérrez, en esa desaparición que truncó la vida de un periodista cuyas investigaciones estaban dando en el blanco en torno al narcotráfico en la Entidad.
Una buena parte de los investigadores atribuyen más a la Policía este hecho porque se escondió por completo a la víctima, mientras que al crimen organizado lo que le gusta es exhibir sus crímenes para enviar mensajes de que lo mismo les pudiera suceder a quienes osan retar su poderío.
Pero entre investigaciones en el limbo y la realidad, lo cierto es que una disculpa o una solicitud de perdón ni devuelve a Jiménez Mota al seno de su familia ni mucho menos concreta la justicia anhelada.
Hoy, el discurso del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, de que nadie esté por encima de la ley ni de la justicia, se convierte solamente en palabras sin sentido porque algunos de los participantes en la desaparición del periodista siguen en libertad y no parece haber institución alguna que detenga sus fechorías.
Mientras ningún funcionario se atreva a mostrar verdadera disposición para resolver el caso, el agravio contra el gremio periodístico permanecerá, así sea la SIP o cualquier otro organismo el que avale un perdón sin contenido real.
No va ser con dinero o con psicólogos como van a hacer desaparecer el dolor en la familia de Jiménez Mota, por más ceremonias o firmas de acuerdos que se realicen. Quizá hoy los traten mejor que los de sexenios pasados, pero el sufrimiento ahí sigue porque la justicia de este país camina más lenta que una tortuga.
Y para evitar más hechos de esta naturaleza se requiere pasar de los convenios a una verdadera defensa de los activistas de derechos humanos y periodistas, cuyo organismo protector fue desaparecido hace algunos meses por los mismos que hoy buscan quedar bien con la familia del periodista empalmense.
Se requieren, la verdad, hechos, no palabras.
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