“Operación contrainsurgente” para despojo del agua

Hace poco más de 10 años, la Tribu Yaqui, asentada en su territorio que ocupa casi medio millón de hectáreas en el sur de Sonora, tomó la decisión de hacer uso de la resistencia civil pacífica, realizando bloqueos intermitentes sobre la carretera federal 15 que cruza sus tierras.

El sitio de resistencia se ubicó en el poblado de Vícam, cabecera de los ocho pueblos, para presionar a las autoridades federales y estatales al cumplimiento de disposiciones judiciales que impedían la construcción y luego operación del ahora llamado Acueducto Independencia, que desde la parte media de la Cuenca del Río Yaqui se proponía, en contravención al decreto del presidente Lázaro Cárdenas, desviar ingentes volúmenes de agua a la ciudad de Hermosillo para darle gusto a los inversionistas privados que han hecho de la capital del estado el paraíso de la especulación inmobiliaria.

La acción de resistencia civil pacífica de aquellos años, recibió el respaldo organizado de los productores rurales del sur de Sonora y de la mayoría de los habitantes de la región, que como usuarios de las aguas del Río Yaqui en la parte baja de la cuenca, también se veían afectados. La reacción de legítima defensa de los yaquis y sus acciones de resistencia, recibieron el respaldo de organizaciones sociales y políticas de todo el país, incluso se hicieron sentir apoyos internacionales. Académicos, intelectuales y artistas, así como defensores de los derechos humanos mostraron su solidaridad con la etnia y se pronunciaron en contra del despojo del agua a la comunidad indígena y a los sectores productivos del sur de Sonora.

Personalidades políticas como Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, de inmediato se solidarizó con la causa y firmó un documento de alianza de todo el sur de Sonora, en mayo del 2010, denominado Pacto del Río Yaqui en el que se asienta el compromiso de luchar con todos los recursos legales y políticos disponibles en contra del despojo del agua. El gobierno de Guillermo Padrés, con el respaldo de la presidencia de Felipe Calderón, nunca tuvo la disposición de respetar la ley, y en desobediencia a los ordenamientos judiciales que le impedían construir el acueducto, incurrió en franco desacato y luego reprimió la resistencia de los yaquis encarcelando a sus voceros y obligándolos al exilio. El Acueducto Independencia, sigue operando ilegalmente, y no deja de ser el principal factor de división en Sonora, pues pesan en su contra un conjunto de juicios y amparos tanto de la tribu yaqui como de los productores rurales del Valle del Yaqui.

Desde el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y la puesta en marcha del Plan de Justicia para los pueblos yaquis, se le asignó a los directivos del Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas (INPI), la tarea de usar los beneficios asistencialistas del plan, para convencer a la tribu de que aceptara la imposición del acueducto como una realidad de fuerza. Para tales fines, se necesitaba aislar a la etnia y quebrar el Pacto del Río Yaqui que unifica a los pueblos yaquis con todo el sur de Sonora. Empezaron a proliferar una serie de retenes sobre la carretera federal 15 que cruza el territorio de la tribu yaqui. Los retenes no reivindicaban ninguna causa a favor de la etnia, solo se concentraban en los cobros de peaje a los usuarios de la rúa federal. Quienes consintieron y alentaron la acción, cuidaron mucho que dichas expresiones se alejaran del reclamo que la tribu había venido haciendo en contra del despojo de las aguas del Río Yaqui.

El principal retén se instaló en el tramo carretero que pasa por el poblado conocido como la Loma de Guamúchil, y luego de eso empezaron a instalarse en otros puntos, con menor presencia de elementos de la tribu, como Vícam, Pótam y Las Guásimas. Lo único que se hacía era cobrar “derecho de paso”. El territorio yaqui, como todo el país, está infestado por las drogas y el crimen organizado. Muy pronto pasó a ser un secreto a voces que intereses vinculados a organizaciones criminales tenían injerencia en dichos retenes, pero las autoridades federales se tapaban los ojos para no ver lo que la mayoría de la población estaba presenciando.

Los directivos de INPI, Adelfo Regino y Hugo Aguilar –asignados por el presidente para instrumentar el plan de justicia- nunca emitieron una condena a tales retenes, no obstante que voceros y autoridades tradicionales de la etnia, particularmente del poblado de la Loma de Guamúchil, habían hecho declaraciones públicas calificando dichas acciones como hechos que atentaban contra la identidad de la etnia y contra sus usos y costumbres.

En estos retenes se suscitaron varios incidentes de choque entre los usuarios de la carretera federal y las personas asignadas para hacer los cobros de paso. Hubo de todo en los incidentes: pedradas y golpes a los transportes de carga y a todo tipo de vehículos que se negaban a pagar el paso; en algunas ocasiones se presentaron connatos de golpes y el percance más extremo fue a finales de noviembre del 2020, cuando uno de los jóvenes colocado en el retén de Loma de Guamúchil, amenazó con una pistola a un usuario de la rúa federal que se negaba a entregarles dinero.

También a finales de noviembre del 2020, cuando la tensión en estos sitios se había convertido en el foco mediático nacional, la entonces gobernadora del estado, hizo público un oficio solicitando la intervención de las autoridades federales. El oficio se dirigía a la Secretaria de Seguridad Publica y a la Secretaría de Gobernación. No hubo respuesta, y los retenes continuaron, al tiempo que los directivos del INPI, con la fuerza de la representación presidencial, limitaron y luego sacaron toda participación del gobierno estatal concerniente a los problemas relacionados con la etnia y su territorio.

Todo esto se difundía masivamente en los medios noticiosos y en las redes sociales. El racismo que tiene el sueño muy ligero, pronto despertó en el sur de Sonora. Como si se tratara de la inducción de una reacción, empezaron a surgir expresiones de mucho odio, no propiamente contra los actos, sino contra la tribu. De pronto todos los males del mundo habían encontrado nido en la etnia y los defectos de la condición humana adquirían en los yaquis una proyección magnificada.  Se comprueba que en las sociedades abrumadas y afligidas, late con fuerza la pulsión por la búsqueda del “chivo expiatorio”.

Cuando consideraron que la gradería del odio estaba madura, levantaron los residuos de los retenes que durante los últimos cuatro años habían consentido. La noche del cuatro de octubre se dio el desalojo y al día siguiente el gobernador del Estado, Alfonso Durazo Montaño, presumió la acción diciendo que se habían realizado operativos para liberar la carretera federal 15 en Sonora de “diversos bloqueos que se han presentado a lo largo de más de una década…”. El gobernador puso en un mismo rasero la proliferación de los “retenes locos” de los últimos cuatro años y las acciones de resistencia civil en contra de la imposición y operación ilegal del Acueducto Independencia.

Pero no fue lejos por la respuesta: voceros de la etnia yaqui, los mismos que desde diciembre del 2018 habían condenado estos retenes como ajenos al interés de los yaquis, le dijeron que tan ilegales eran los retenes, como la operación del acueducto con el que se les despoja del agua.