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¡No se hagan bolas! hay que detener la especulación financiera

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Al término de la Segunda Guerra Mundial, el ímpetu moral de haber derrotado los afanes colonialistas del fascismo, le dio a los Estados Unidos un liderazgo mundial, basado en el propósito de hacer extensivo y concurrente el principio del bienestar general como la esencia de los estados nacionales. Con estos criterios se estableció en Norteamérica la ley Hill Burton en 1946. Se procura el derecho universal a la salud y en la misma disposición se contempla la necesidad de una infraestructura hospitalaria cuya relación consideraba 4.5 camas por cada mil habitantes. Los cálculos tenían como referencia, no los requerimientos de tiempos normales, sino las exigencias de tiempos de posibles epidemias o eventualmente guerras.

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La métrica Hill Burton, se hizo universal como parámetro clásico para la salud pública. Pero el sistema financiero que durante estas últimas décadas sacrificó a la infraestructura básica para darle señorío al dinero, terminó por considerar “demasiado costoso” tener tantas camas sin usar en épocas normales y sin sacarles renta monetaria. Hoy los Estados Unidos, solo disponen de 2.3 camas por cada mil habitantes y ciudades como Nueva York están desbordadas en su capacidad hospitalaria por la pandemia del Covid 19. Situaciones similares se tienen en Europa, donde se levantan carpas improvisadas y hasta las calles de las ciudades están sirviendo de hospital con un saldo creciente de muertes.

No se espera un escenario muy diferente en México, que apenas cuenta con 1.4 camas por cada mil habitantes. Y en apremios de esta naturaleza no hay que detenerse en la falsa disyuntiva de que es primero, la economía o la salud de la gente. Hay una interrelación indivisible entre la funcionalidad de la economía y la salud de la población. Es perfectamente identificable el elemento que le ha dado disfuncionalidad a la economía y que ha subvertido los valores clásicos de la salud pública, así como desmantelado la infraestructura hospitalaria.

No hay que sacrificar nada relacionado con la producción de bienes físicos y útiles para el consumo de la población, el crecimiento de la economía y el fortalecimiento de la infraestructura básica. Lo que se debe de frenar y cerrar son las actividades vinculadas a la especulación financiera y desconectadas de la producción. El Estado tiene la facultad constitucional para actuar discrecionalmente en ese sentido, y México dispone de al menos tres palancas para hacerse de recursos excepcionales que realmente nos permitan enfrentar la emergencia: hacer uso de un 10 por ciento de las reservas internacionales que custodia el Banco de México, limitar o establecer una moratoria a la deuda e incrementar las disposiciones presupuestarias con el instrumento perfectamente manejable del déficit presupuestal.

Lo deseable es que la capacidad y valentía del presidente López Obrador esté a la altura de esa facultad.