Si finalmente esa llamada ya "Ley del garrote" pasa a formar parte de la legislación tabasqueña, los protestantes podrían ser objeto de penas de entre seis y 13 años de prisión.
Dice como justificación la diputada local Julia Prado: "Lo que estamos tratando es meter un orden. Queremos una legalidad, un estado de derecho".
Ahora sí aquellos ultra apasionados de las marchas, tomas de oficinas públicas y de calles o carreteras, quieren acabar con esa libertad.
Y lo disfrazan con aquello de que "los grupos sindicalistas han secuestrado el libre tránsito a cambio de cuotas acosando a empresas públicas y privadas".
No se trata, argumentan, de atentar contra la libre manifestación.
Pero, ¿cómo llamarle entonces a esta ley si, se supone, ya hay normas que castigan la extorsión y el chantaje de que acusan a los sindicatos?
Está bien que quieran combatir a quienes hacen de las manifestaciones su modo de vivir para sacar raja política o económica, al grado de convertirse en delincuentes.
Pero no por ello se van a llevar entre las patas a quienes en verdad tienen un argumento válido para protestar contras aquellas entidades públicas que no escuchan o no quieren atender a los ciudadanos en sus problemas cotidianos.
Se equivocan de estrategia los morenistas en Tabasco y ojalá el Presidente de la República los haga reflexionar para que este tipo de legislaciones atentatorias contra las libertades no se pongan en funcionamiento ni en esa ni ninguna otra entidad del país.
Quizá uno pueda estar o no de acuerdo con lo que muchos grupos plantean en sus protestas públicas, pero se deben atender primero con el diálogo las peticiones de las personas antes que pensar en la represión.
¿O acaso ya no se acuerdan esos de la izquierda cuando por cualquier manifestación fueron objeto incluso de muertes?
Hubo una época cuando Carlos Salinas de Gortari ni veía ni escuchaba al PRD y mientras tanto ese partido un día sí y el otro también era el que aportaba los muertos en este país, debido a la represión del ex Presidente.
Hoy más que nunca, cuando se ha anunciado una gran transformación para los mexicanos, la protesta social debe ser objeto de atención y no de represión y las leyes deben estar, nos guste o no, para garantizar el derecho de los ciudadanos a ejercer cualquier tipo de manifestación en contra del Gobierno.
Nada justifica la criminalización de las libertades.
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