Ley electoral: letra muerta

Si alguna persona de los partidos políticos trabajara en la investigación de las precampañas de al menos dos de los aspirantes a la gubernatura de Sonora, se daría cuenta de que están violando la ley. Eso de que están acudiendo solamente con la militancia de su partido nadie se los cree. Por ejemplo, ¿de cuándo acá los integrantes de organizaciones como la Sociedad de Usuarios del Distrito de Riego del Río Yaqui se han declarado militantes o simpatizantes de partidos como Morena y Movimiento Ciudadano? En ningún momento, mucho menos como organismos que, se supone, deben ser apartidistas y que en algunos casos reciben incluso recursos públicos para sus actividades u obras de infraestructura. Circulan por ahí unos comunicados, hasta eso que mal escritos, en los cuales hablan de que los productores en bola dan su apoyo a un precandidato a gobernador de Movimiento Ciudadano y a otros dos prospectos para la diputación federal y la alcaldía de Cajeme. Como si el encuentro con dos o tres de ellos significara que todos los integrantes de las organizaciones asumieran como suyos ese respaldo, cuando se sabe que, por ejemplo, en el Distrito de Riego hay una infinidad de pensamientos.

Esa misma organización estuvo con el precandidato de Morena, Alfonso Durazo Montaño, y le presentaron las alternativas en materia de uso de agua. A menos que de última hora lo hayan acordado, pero la directiva encabezada por Jesús Miguel Anzaldo Olea, como presidente del Distrito de Riego; Humberto Borbón Valencia, director general; Luis Antonio Cruz, tesorero, y Noé Valenzuela Ruiz, secretario, entre otros, no ha mostrado su simpatía o militancia en Morena.

Y eso es lo que debe cuidarse hoy en día. Las autoridades electorales de Sonora han estado demasiado permisivas en torno a aquellas acciones que clasifican a las leyes electorales en un punto menor a aquello de “letra muerta”. También deben cuidarse los gastos de los precandidatos, pues algunos de ellos claramente están usando muchos recursos y, la verdad, eso de destinar 18 millones de pesos a una etapa previa a las campañas suena a insulto para aquellas personas que batallan para llevar a su hogar el alimento de cada día.

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Con mayor razón si los precandidatos andan en labores cuando al interior de sus partidos no tienen “rival” y se supone que está prohibido hacer precampaña en esas condiciones. Otra raya mas al tigre. Otra violación a las leyes es la de los aspirantes a una diputación local o una alcaldía, pues se supone que al momento solo deben hacerlo los que disputarán una diputación federal o la gubernatura. Por las razones que guste y mande, en Sonora se están ignorando las leyes electorales y es tiempo de poner orden.

A menos que todo ello sea parte de un perverso juego de simulación como el que siempre se ha estilado, aunque hoy transitemos, se supone, en una transformación de este país. En los hechos, nada cambia.

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