Hoy más que nunca, los defensores de los derechos humanos en México han quedado indefensos.
La desaparición del fondo que sustenta al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación, muestra un desprecio de las autoridades hacia las libertades que todo ciudadano debe de gozar.
Según los datos con que se cuenta, este mecanismo protegía, hasta fines de septiembre, a mil 304 personas, de las cuales 418 son periodistas y 877, defensores de los derechos humanos, con un presupuesto para este año de 414.6 millones de pesos.
El último de los ataques contra los defensores ha sido el de la guerrerense Kenia Inés Hernández Montalván, a quien la Fiscalía del Estado de México acusó de dos presuntos robos con violencia, pero que a partir del domingo enfrenta una tercera acusación federal por presuntos ataques a las vías de comunicación, relacionada seguramente con su actividad política a favor de los presos políticos, las mujeres y los pueblos indígenas.
Esther Flores, abogada del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, informó que el domingo Hernández Montalván fue trasladada del penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, Estado de México, al Penal de las Cruces en Acapulco, Guerrero, donde se le investiga por presuntamente atacar las vías de comunicación, lo que es un delito federal.
Esta sería la tercera vez, en menos de cinco meses, que es acusada de cometer un delito sin que existan pruebas contundentes que la comprometan, destacó la defensora legal de Kenia, quien actualmente coordina el Colectivo Libertario Zapata Vive.
Pero ella no es ninguna improvisada en las luchas sociales, pues también ha coordinado durante mucho tiempo el Movimiento Nacional por la Libertad de los Presos Políticos.
A través del Colectivo, ella defiende los derechos de la tierra, la identidad colectiva y promueve diferentes formas de resistencia pacífica frente a modelos de desarrollo de enfoque neoliberal impuestos por el Estado Mexicano.
A consecuencia de su lucha, ha vivido una gran cantidad de amenazas de muerte por parte de grupos como la Unión de Organizaciones y Pueblos del Estado de Guerrero, grupos paramilitares y hostigamientos por la fuerza policiaca estatal del Estado de México, por lo cual acudió a los mecanismos de protección.
Del gobierno priista del Estado de México no extrañan las acusaciones en contra de Hernández Montalván, pero sí de la administración federal, cuyos integrantes, se supone, provienen de luchas a favor de los derechos humanos, aunque ahora les duela cualquier crítica en materia de derechos humanos.
El mensaje que se envía en contra de este tipo de defensores ayuda a que tanto los gobiernos locales como las autoridades policiacas de los tres niveles sigan cometiendo la intimidación, hostigamiento, detenciones arbitrarias, desapariciones e incluso homicidios contra estas personas.
Sin un mecanismo para defenderlos ni recursos para sostener ese aparato, tanto los activistas de derechos humanos como los periodistas quedan en un estado de indefensión que solamente puede concebirse en un país autoritario.
Ojalá y México supere ese nivel de represión que tanto descrédito le está acarreando ya a nivel internacional.
Comentarios: francisco@diariodelyaqui.mx
