¿Sabía usted que la idea de una nueva Constitución Política no estaba en la mente de los liderazgos revolucionarios?
Por: Ricardo Aragón Pérez
Es innegable que la Constitución de 1917, que el pasado 5 de febrero cumplió 108 años de vigencia, guarda una relación estrecha con los movimientos revolucionarios, personajes que los dirigieron e ideas de cambio que promovieron. De hecho, hablar de la Carta Magna, del ideario en que se sustenta y de su contexto histórico, obliga hacer referencia a la revolución mexicana y a las reivindicaciones políticas y sociales de sus liderazgos, como la democratización del Estado, los derechos civiles y políticos, la redistribución de la tierra, la dignificación del trabajo, el fomento de escuelas públicas, la protección de la infancia, el respeto a las instituciones republicanas y a "los sagrados derechos del hombre".
Sin embargo, y aunque parezca incoherencia, debe reconocerse que los liderazgos revolucionarios, incluso los más radicales y exaltados antiporfiristas, originalmente no se plantearon como bandera de lucha la elaboración de una nueva Constitución Política. A nadie de ellos se les vio al frente de alguna protesta política, ninguno escribiendo en la prensa disidente y mucho menos tomaron las armas, tras el deseo de acabar con el marco constitucional en curso, esto es sepultar a la Constitución liberal de 1857 y dar paso a la elaboración de un nuevo texto constitucional.
Una revisión a los manifiestos, proclamas, planes, programas, decretos y circulares de facturación revolucionaria, permiten constatar que lo que estaba en la base de esos documentos políticos, no era el deseo de un nuevo marco constitucional, sino la defensa de las leyes liberales vigentes, la indignación por el incumplimiento y las violaciones de los derechos ciudadanos, tanto civiles como políticos.
A modo de ejemplo, el 5 de febrero de 1903, en el marco del aniversario 46 de la Constitución de 1857, varios periodistas y dirigentes disidentes, entre ellos los hermanos Enrique y Ricardo Flores Magón, protagonizaron una protesta pacífica en contra del gobierno porfiriano, al que acusaban de pasarse por el arco del triunfo a la Carta Magna de 1857 y violar de forma sostenida derechos consagrados en el texto constitucional, como la libertad de expresión, por lo que reclamaron su pleno restablecimiento.
En julio de 1906, el núcleo directivo del Partido Liberal Mexicano hizo público el programa de su partido y, en un manifiesto a la nación, criticó duramente al presidente Porfirio Díaz, a quien calificó de dictador, corrupto y apátrida. Además, lo acusó de no respetar las instituciones, imponer gobernantes a modo, hacer alianzas con grupos de poder y facilitar el saqueo del país, pasando por alto los preceptos constitucionales, por lo que llamó al pueblo a levantarse en arma contra el dictador y restablecer por esa vía el marco legal, incluyendo en él varias reformas sociales: reglamentación del trabajo doméstico, prohibición del trabajo infantil, protección de la educación gratuita y laica, "base del engrandecimiento de la Patria", y dignificación salarial de "los abnegados apóstoles de la enseñanza".
En su Plan de San Luis, Madero llamó a tomar las armas y acabar con el gobierno ilegitimo porfiriano. Convencido, no sólo del fraude electoral de 1910, sino también de que el orden constitucional estaba transgredido y, por tanto, los derechos ciudadanos "solo existen escritos en nuestra Carta Magna", Madero llamó a protestar con las armas en manos y designó la noche del domingo 20 de noviembre, "para que de las seis de la tarde en adelante, todas las poblaciones de la Republica se levanten en armas", con objeto de desconocer el gobierno Porfirio Díaz, frustrar "el fraude electoral más escandaloso que registra la historia de México" y declarar a la Constitución de 1857 y leyes asociadas vigentes en todo el territorio mexicano.
En cuanto al Plan de Guadalupe de 1913, documento político que desconocía al usurpador Victoriano Huerta y responsabilizaba a Carranza de la conducción del Ejército Constitucionalista, cuya misión consistía esencialmente en la restauración del orden constitucional. Algo similar prtetendía el "Manifiesto a los habitantes de Sonora", fechado en Nacozari de García en marzo 12 de 1913, el cual era respaldado por "5000 ciudadanos en armas", que al grito de ¡Viva la libertad! se lanzaron contra el gobierno huertista, para "hacernos justicia" y "restituir a cañonazos los derechos de la gente conculcados", pues a decir de los dirigentes, la Patria estaba en peligro, "las instituciones amenazadas de muerte" y "la constitución profanada", a causa de un gobernante despótico, al que le tenían horas contadas.
En agosto de 1915, el gobernador carrancista, Plutarco Elías Calles dio a conocer al pueblo de Sonora su programa de gobierno. En él se comprometía, en primer término, a fundamentar su política pública en el marco constitucional, hacer valer los derechos del hombre y respetar las instituciones republicanas, tal como lo declararon y consignaron los diputados del Congreso Constituyente de 1857 en el texto constitucional del 5 de febrero del año indicado.
Por lo expuesto hasta aquí, se confirma que en ningún documento político, previo a los debates parlamentarios y a la promulgación de la Constitución de 1917, se planteó como reivindicación elaborar una nueva Carta Magna; incluso Carranza se mostraba renuente a echar por tierra la de 1857. Sin embargo, conforme la revolución avanzó y los jefes tomaron las riendas de los gobiernos locales, aplicaron políticas, programas y reformas sociales de alto calado, lo que planteó la conveniencia política de redactar una Constitución Política de nueva generación, lo que ganó un amplio consenso entre los legisladores revolucionarios, dando como resultado la formulación de la actual Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada por el entonces presidente Venustiano Carranza.
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