Herencia y desafío para Claudia Sheinbaum
Las reformas anunciadas no son del interés de poderes financieros que presionan al gobierno emergente, puesto que no invaden sus ámbitos de control
Aunque las candidatas y el candidato a la presidencia de la república se disputaron el control sobre la administración del poder ejecutivo, en términos estrictos sus planteamientos de política económica fueron similares, no entraron en conflicto con las normas macroeconómicas que se le han impuesto a la nación en las últimas cuatro décadas. En consecuencia, la disputa fue por el poder, no propiamente por el futuro de la nación.
Y las reglas del juego de quienes imponen los trazos macroeconómicos, así los disponen: entre ustedes, como candidatos y como partidos, acúsense de lo que quieran, principalmente de corruptos y mentirosos. Pero por ningún motivo pongan en cuestión la agenda fijada por los poderes financieros privados que definen los carriles de la política monetaria, presupuestal y comercial que ha padecido el país desde la gran crisis de la deuda ocurrida en 1982.
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En esas condiciones Claudia Sheinbaum y los partidos que la postularon a la presidencia de la república lograron una victoria electoral abrumadora, con una votación que supera a la alcanzada por López Obrador en la elección presidencial del 2018. Así el partido en el gobierno, MORENA y sus aliados, cobraron la condición de mayoría calificada en el Congreso de la Unión y en el Senado de la República.
Formalmente el gobierno de Sheinbaum, que estaría iniciando el primero de octubre de este año, se puede presumir como una presidencia fuerte, con el consenso suficiente para hacer valer aquellas políticas que pudieran sacar al país del largo estancamiento económico en que se ha mantenido hasta ahora, resultado de la adherencia incondicional a los ejes macroeconómicos dictados por los intereses financieros de Wall Street y Londres, quienes por medio de los grandes fondos privados de inversión, como Black Rock y otros de esa calaña, dominan los mercados especulativos y son poseedores de la deuda pública de México; y de muchos otros países, que subyugados a esos poderes, supeditan sus ejercicios presupuestales a lo que disponga la voraz dinámica especulativa de esos mercados.
No obstante que la candidata electa, mandó un mensaje a los mercados asegurando que las líneas gruesas de la política macroeconómica se mantienen (austeridad presupuestal, disciplina fiscal y autonomía del Banco de México) y que lo hizo la misma noche en que las instancias electorales anunciaban su apabullante victoria, los intereses que controlan los mercados decidieron mandarle un “calambre”, concertando una corrida financiera contra el peso, aprovechando el desplante de la coordinación parlamentaria de MORENA, que anunció el uso de la mayoría calificada, lograda en el Congreso, para aprobar en septiembre, un conjunto de reformas constitucionales, entre ellas la relacionada con el Poder Judicial.
Las reformas anunciadas, como tales, no son del interés de los poderes financieros que presionan al gobierno emergente, puesto que no invaden sus ámbitos de control. Lo que sí les preocupa es que se pudiera utilizar esa mayoría calificada para realizar cambios constitucionales que permitan recuperar soberanía sobre la política monetaria, restableciendo los compromisos del Banco de México con el crecimiento y el desarrollo económico del país. También les preocupa que el poder de la mayoría calificada ejerza las facultades soberanas sobre el diseño de la política presupuestal, y que el ejercicio del gasto deje de estar subordinado a las crecientes tasas de renta de los fondos de inversión tenedores de la deuda pública del país.
Más bien, la presión de los mercados, es para garantizar que la propuesta de la Secretaría de Hacienda, anunciada en mayo de este año, denominada Pre-criterios Generales de Política Económica 2025, se cumpla a cabalidad, lo cual exige una agresiva contracción del gasto que podría superar el 8 por ciento respecto al presupuesto del 2024. El esquema es claro: que no haya inversión pública en obras de infraestructura de gran calado y que sufran todos los sectores productivos de la economía, menos el pago puntual a los servicios de la deuda, a los especuladores y al sector financiero para quien la “transformación” presumida por el gobierno ha sido un paraíso.
Los contenidos del paquete que anticipadamente ha presentado la Secretaria de Hacienda y la permanencia de Ramírez de la O en la dependencia, definen muy bien la herencia de López Obrador al esperado gobierno de Claudia Sheinbaum. Si la primera mujer electa a presidencia de la república, se sujeta, como lo hizo López Obrador, a una política económica de coexistencia incondicional con los dictados de los fondos especulativos de inversión, podríamos entrar, más temprano que tarde, en una crisis presupuestal de dimensiones similares a la de los años noventa, que le representó grandes pérdidas a la economía nacional y fuertes cargas de deuda sobre el presupuesto público.
Está visto que el desafío no es ganarle a la oposición, sino recuperar soberanía económica, metiendo en cintura a los fondos especulativos que esperan una extensión del populismo neoliberal ejercido por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.