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Guerras por el agua

Sin duda, quienes vaticinaron que las guerras próximas serían por temas como el agua, tuvieron razón.

En Sonora se vivió ya ese aspecto cuando se proyectó la construcción del acueducto El Novillo y prácticamente por sus pistolas el entonces gobernador Guillermo Padrés Elías decretó que se haría la obra.

Vinieron meses de turbulencia política, pues ni el mandatario ni los productores del sur de Sonora bajaban la guardia, ya que llevar agua de la presa a Hermosillo significaba para ellos quedarsesecos”, algo muy alejado de la realidad pues técnicamente se puede hacer, pero la forma como se planteó el tema fue lo que causó la división de los sonorenses del centro y los de Cajeme.

Muchos plantearon que había egoísmo de parte de los agrotitanes del Valle del Yaqui y el encono creció hasta que en enero de 2014 hubo un acuerdo con la Federación y aún sin el estudio de impacto ambiental de la obra, se le concluyó y  se determinó que 30 millones de metros cúbicos serían trasvasados a otra cuenca.

Es hora de que el conflicto legal no termina porque muchos funcionarios están empecinados en mantener abierto el acueducto a pesar de disposiciones judiciales para que se cierre, pero a los políticos de Hermosillo no les conviene porque la población sedienta les reclamaría y puede que hasta les repercuta en lo electoral.

Pero, bueno, esa fue una pelea librada al interior de un estado.

Hoy, en Chihuahua se vive una nueva lucha, pero ahora de carácter internacional, ya que debe cumplirse un acuerdo firmado desde 1944.

El conflicto se deriva de la extracción de agua de las presas en Chihuahua, pues en diciembre del año pasado el gobierno federal solicitó a la entidad mil 100 millones de metros cúbicos de agua de La Boquilla, Las Vírgenes y El Granero, con lo cual se podía ya cumplir el Tratado de 1944 con Estados Unidos.

Pero los productores del estado vecino le vieron las ancas al pollo y decidieron defender lo que consideran su patrimonio, pues al destinarse agua para EU, dijeron, se les reduciría a ellos la cuota para establecer sus cultivos.

Con expulsión incluso de elementos de la Guardia Nacional de la presa, esta situación ha ido escalando y los gobiernos federal y estatal se echan la culpa mutuamente de lo que está sucediendo.

Para unos y otros, esta situación empeoró porque los partidos políticos que gobiernan ambos niveles de la administración pública, se inmiscuyeron, dicen, en este agarre.

Después de muchos dimes y diretes, acusaciones incluso a nivel presidencial, ayer se llegó al acuerdo de realizar una mesa de diálogo permanente que permita una salida legal y pacífica para ambos bandos.

Construir la paz, como se admitió es necesario, no debe significar un daño a la autonomía estatal de Chihuahua, a pesar de que dependencias como la Comisión Nacional del Agua crean que son las rectoras de políticas públicas en torno a este tema.

O se acude a la vía pacífica y legal para desterrar el conflicto o en definitiva habremos de estar en presencia de gobernantes incapaces de construir consensos de beneficio para los ciudadanos.

Esta guerra por el agua ya no debe generar mas muertes. Pero también amerita que quienes gobiernan sean capaces de ver primero los intereses de la gente que los político-electorales.

De otro modo, se acelerará la caída al abismo de esta nación y eso nadie lo quiere ni lo necesita.

Comentarios: francisco@diariodelyaqui.mx