Quizá de la acusación de tortura contra la periodista Lydia Cacho, Mario Marín, ex gobernador de Puebla, pueda salir pronto.
Sin embargo, el político poblano, conocido como el "Gober precioso", también tiene entre sus antecedentes, junto con el empresario Jean Succar Kuri, haber sido señalado como parte de una red de pornografía y prostitución infantil.
Ese crimen es mayor, pero hasta el momento las autoridades judiciales de Quintana Roo no han dicho si incluirán en el proceso la acusación que en su momento la periodista hizo en el libro "Los Demonios del Edén".
En mayo de 2019, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, confirmó que la Oficina de Policía Internacional (Interpol) giró la ficha roja contra el ex gobernador de Puebla para que fuera buscado en más de 190 países por el caso de tortura contra la periodista.
En aquella ocasión, el titular de la FGR detalló que la orden de búsqueda internacional fue librada desde el 11 de abril, cuando un tribunal unitario ordenó su aprehensión, así como la del empresario Kamel Nacif.
Según lo que se sabe sobre este caso, que en su momento causó gran conmoción nacional porque Marín aún estaba como gobernador, en mayo de 2019 la Fiscalía General de la República hizo saber que la Interpol había liberado la ficha roja contra él, a fin de que fuera buscado en más de 190 países por el caso de tortura contra la periodista Lydia Cacho.
La orden de búsqueda internacional, según se informa, se conocía desde el 11 de abril, cuando un tribunal unitario ordenó detener al político junto con Nacif.
Quizá el ex gobernador de la tierra del mole pensó que ya había sido "perdonado" de sus afrentas, pero fue alcanzado en Acapulco para trasladarlo a Cancún, en donde es requerido por las autoridades judiciales.
Hay por ahí una conversación telefónica entre Marín y Nacif mediante la cual se hizo famosa la frase aquella de "Mi gober precioso", en la cual se aludía al "coscorrón" aplicado a la periodista al detenerla en Quintana Roo para llevarla a Puebla, aparentemente con torturas de por medio.
Pero, conforme a la justicia mexicana, el hilo se cortó por lo mas delgado y solamente detuvieron al ex director de la Policía Judicial, Hugo Adolfo Káram Beltrán, y al ex comandante Juan Sánchez Moreno, por su presunta participación en la tortura a Cacho.
Ojalá que este caso sirva de experiencia para todos aquellos que desde el poder, municipal, estatal o federal, quieren callar a los periodistas que les dicen sus verdades.
Habría que recordar que si bien la crítica periodística debe ejecutarse desde los ámbitos de respeto al quehacer privado de los gobernantes, nadie tiene derecho a eliminar las libertades propias de los seres humanos, como la de expresión.
En su libro, la periodista Cacho había hecho las denuncias correspondientes pero el gobierno priista, por supuesto, decidió callar en su momento e incluso hacerse de la vista gorda cuando ella fue detenida y torturada.
Es de esperarse que este sea el principio de un juicio contra el "Gober precioso", pero que no se detenga únicamente en lo relacionado a la tortura sino que se vaya más allá para acreditar los delitos que lo exhiben como parte de una red de pornografía y prostitución infantil.
Quien sea parte de un crimen de esa calaña debe recibir la condena máxima para ese tipo de delitos, sobre todo porque en su momento era parte del servicio público y debió estar consciente de que atentar contra la niñez es no tener nombre.
Ojalá haya justicia. Para Cacho y para los niños.
Comentarios: francisco@diariodelyaqui.mx
