El pasado 15 de diciembre Donald Trump declaró al fentanilo como arma de destrucción masiva. Al afirmar que el fentanilo debía ser considerado como tal, Trump no estaba realizando un análisis de salud ni emitiendo una advertencia técnica. Estaba promoviendo un discurso bélico. Nuevamente, el mandatario de Estados Unidos utilizó un lenguaje militar para simplificar un asunto complicado, que es profundamente social y esencialmente de salud, disminuyéndolo a un enemigo externo que se puede —y debe— enfrentar con medidas excepcionales.
En el ámbito del derecho internacional, la idea de "arma de destrucción masiva" se vincula con medidas extremas: intervención en conflictos, anulación de derechos, acciones unilaterales y criminalización total. Clasificar al fentanilo dentro de esa categoría no solo es incorrecto desde el punto de vista conceptual, sino que también representa un riesgo político significativo, sobre todo para naciones como México.
Es indiscutible que el fentanilo representa una crisis significativa. En el territorio estadounidense, ha causado innumerables muertes a causa de sobredosis, agravadas por un mercado negro desregulado, sistemas de salud desorganizados y políticas prohibicionistas que llevan a los usuarios a consumir sustancias de origen incierto y con gran potencial de letalidad. Es fundamental reconocer la seriedad de esta situación. La cuestión no radica en identificar la crisis, sino en el marco seleccionado para analizarla y abordarla.
El principal beneficio del discurso de Trump —si es que así se puede describir— es que destaca la seriedad de la situación y coloca el asunto en el foco del debate público. Durante mucho tiempo, la crisis de sobredosis fue vista como un problema incómodo, relegado a comunidades empobrecidas, racializadas o marginadas. Mencionarla de manera contundente obliga a aceptar que el enfoque actual ha fallado.
Pero ahí se agotan los supuestos beneficios. Todo lo demás son riesgos graves.
Comparar el fentanilo con un arma de destrucción masiva deshumaniza a quienes lo consumen, transformándolos de individuos con derechos en meros efectos colaterales. Este enfoque alimenta el estigma, legitima la criminalización y obstruye cualquier estrategia de salud pública centrada en la reducción de daños, la prevención, el tratamiento voluntario y la regulación. Siguiendo esta lógica, no existen pacientes: solo hay adversarios.
Para México, las consecuencias son aún más críticas. Este discurso revive la antigua narrativa de la "lucha contra las drogas", donde nuestro país es visto como la fuente del problema, un paso para el veneno y un área a controlar. Desatiende intencionalmente la corresponsabilidad fundamental de Estados Unidos: su demanda insaciable, su sector farmacéutico, su sistema de recetado generalizado de opioides, su carencia de acceso universal a tratamientos y su histórica resistencia a regular mercados.
Catalogar el fentanilo como arma de destrucción masiva permite la posibilidad de ejercer presiones en el ámbito diplomático, imponer restricciones comerciales e incluso proporcionar razones para llevar a cabo intervenciones en otros países, todo ello bajo la justificación de la protección nacional. No es casual que esta forma de hablar vuelva a aparecer en tiempos de elecciones: el adversario externo une, simplifica y genera apoyo electoral.
Asimismo, este relato impide encontrar soluciones efectivas. La evidencia global es contundente: disminuir las muertes por sobredosis no es resultado de aumentar el encarcelamiento o la presencia militar, sino de la disponibilidad de naloxona, los programas de análisis de sustancias y el establecimiento de servicios de consumo seguro, así como terapias fundamentadas en datos y normativas que acepten la realidad del consumo de drogas, que está presente y continuará vigente.
En la actualidad, México se encuentra ante una encrucijada estratégica. Tiene la opción de aceptar sin resistencia este marco y continuar con una política fracasada que ha generado más de diez años de violencia y numerosas pérdidas de vidas, o puede desafiar el enfoque del diálogo y solicitar un modelo que sea bilateral, fundamentado en la salud pública, los derechos humanos y la responsabilidad conjunta.
Reconocer que el fentanilo representa un "arma de destrucción masiva" conlleva entender que la única solución viable es el conflicto. Y este conflicto, como sabemos, no se combate a través de palabras: se lleva a cabo en los lugares, en los individuos y en las comunidades que han sido más afectadas.
Nombrar mal un problema no solo confunde: mata. Y México no puede permitirse, una vez más, pagar el precio de una metáfora diseñada para ganar elecciones al norte del Río Bravo.
