El caso Capetamaya
Décadas sin solución
El año que entra podría quedar resuelto el llamado caso Capetamaya. Muy bien. Esta es una notificación extraordinaria. Se diría y se pensaría al mismo tiempo que también significa una buena nueva fabulosa. Algo en verdad increíble. ¿Y todo por qué? Por algo muy simple o tortuoso: el problema al que se alude suma 64 años sin alcanzar solución.
Algo como lo anterior parecería mentira. O vil cuento, para decirlo con mayor crudeza o propiedad. Pero leyó usted bien: estamos hablando de 64 años. Por lo menos dos generaciones pueden desarrollarse a lo largo de todo ese tiempo. ¿Pero es preciso aguardar el paso de tantos años para que un conflicto quede resuelto? Pues sí.
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Y máxime cuando no hay de otra. Aunque tampoco se valdría adelantar vísperas. En realidad, está por verse todavía que el llamado conflicto de Capetamaya encuentre la solución que por lo visto se entrampó (o la entramparon) al paso del tiempo. ¿Alguien quisiera pensar en una palabra como burocracia? ¿Alguien más en otra como justicia? Y debe haber por allí algún otro término que por su altisonante naturaleza mejor será ignorar.
La historia de esta historia (válgase esta aparente o fidedigna expresión redundante) ha recorrido un largo trecho histórico. En esencia, se refiere a mil 660 hectáreas localizadas al sur de Navojoa para beneficiar en 1960 a 160 ejidatarios a través de una resolución presidencial. Las tierras están invadidas y los beneficiarios (campesinos del Ejido Antonio Rosales) exigen la pertinente restitución.
Quienes están en favor de que ocurra así son campesinos que pertenecen al llamado Nuevo Centro de Población Agrícola (NCPA) Antonio Rosales de Navojoa. Su representante es Héctor Rivera Zibirián. Por declaraciones suyas, se sabe que están en curso mecanismos legales para lograr la devolución de las tierras de Capetamaya. Por ejemplo, en febrero próximo se llevará cabo una audiencia en el Tribunal Unitario Agrario 35 con sede en Ciudad Obregón.
¿Qué pasará allí? No es fácil saberlo o adivinarlo. Pero Rivera Zibirián se muestra confiado en que "se van a terminar las dudas sobre quién se acredita la personalidad jurídica" y todos los elementos que "avalan que somos los legítimos propietarios de esos terrenos y que podemos reclamar conforme a derecho". Es obvio, por lo demás, que a lo largo de este conflicto muchas personas han sido estafadas por "líderes corruptos" que les han cobrado elevadas sumas de dinero "con el cuento de que podían reclamar las tierras del predio Capetamaya", dijo Rivera Zibirián.
Sin duda, mucha de la evidencia disponible en relación con esta trama ha debido descansar en "el cuento" de la corrupción que relató el representante del Nuevo Centro de Población Agrícola Antonio Rosales de Navojoa. Sin embargo, tal "cuento", por lo visto, no ha podido superarse frontal o definitivamente. Para fines prácticos, parecería más que evidente que el conflicto de Capetamaya sigue tan franco o abierto hoy como ayer.
Otra cosa es que se espere que arribe pronto a una solución. Pero la verdad es que tal solución debe ser vista como una actitud con mucho respaldo histórico de su lado, y obviamente al margen de politiquerías o "grillas", lo que debe ser lo mismo para fines prácticos. El problema de Capetamaya suma 64 años en curso sin que se haya producido la voluntad requerida para ponerle fin conforme al mejor y más justiciero propósito que se pudiera invocar aquí y más allá de la línea del tiempo, si es que ésta existe realmente.
Porque 64 años son precisamente todo un camino o toda una vida en un trayecto personal, y con más razón en uno de carácter colectivo. No representan precisamente un mundo apabullante de años, pero sí son algunos vistos bajo cualquier óptica, dicho sea, sin incurrir en ninguna exageración dolosa. Aunque, de todas maneras, y al margen de cualquier consideración que se quiera formular en uno u otro sentido, la verdad es que no resulta fácil entender cómo o por qué ha debido pasar tanto tiempo para resolver un conflicto de tierras como el que se comenta.
Es posible que existan o asomen muchas interpretaciones con respecto a esa fenomenal lentitud para asumir algo que desde un principio tuvo que encararse como un conflicto. Por lo demás, bien se sabe que en México la política agraria, durante el tiempo que existió, fue sobradamente demagógica, es decir con más palabrería que hechos. Con todas y cada una de sus particularidades muy propias y añadidas, el caso Capetamaya debió experimentar, de una u otra forma, los efectos de un indolente estado de cosas en la materia que ha necesitado más de 60 años para perfilar una solución. Por lo menos eso es lo que se espera...
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