Primero crearon el monstruo y ahora se asustan de sus alcances.
Desde hace varios días las redes sociales han inundado de acusaciones e insultos a la Tribu Yaqui.
De manera equivocada, el juicio adverso contra los indígenas se mantiene en la percepción de los yoris, sin ver en realidad el origen de todo este lío cuya desembocadura estará en las elecciones de 2021, pues en realidad lo que ahí se ve es la medición de fuerzas entre PRI y Morena.
El motivo del linchamiento: haber golpeado a camioneros que se resisten a pagar la "cuota" en el bloqueo que los miembros de Loma de Guamúchil tienen en Vícam.
Desde luego que esa acción no tiene justificación alguna. Una cosa es la protesta y otra muy diferente el querer obligar a pagar algo que a todas luces es ilegal.
En eso no hay dudas. Está fuera de discusión el hecho de que la violencia es generadora de más violencia, pero también de odio y discriminación contra un pueblo que no es representativo únicamente de violencia, sino que significa las raíces mismas de esta región.
Cuando los empresarios y gobiernos empeñados en construir en el territorio indígena un gasoducto, vieron en la formación de un grupo de choque la "solución" a la oposición del pueblo de Bácum a esa obra, comenzó a gestarse el "monstruo de la carretera".
El 21 de octubre de 2016, un grupo de yaquis patrocinado desde esferas oficiales, y encabezados por César Cota Tórtola, capitán de Cócorit en aquel momento, llegó a la guardia tradicional de Loma de Bácum.
El objetivo era sorprender a las autoridades consagradas, deponerlas e instalar su gobierno afín a los intereses del gasoducto.
Los pocos bacumenses que al medio día se encontraban en la Comunila no se dejaron y en medio de la trifulca falleció Cruz Buitimea Piña.
Los yaquis agresores, tiene que decirse con toda claridad, no iban en su sano juicio. Desde hacía varios días en la sede de Cócorit, Loma de Guamúchil, se había estado pagando, y no solamente con dinero, a jóvenes agresivos para usarlos en su momento.
Y desde entonces en ese pueblo se ha mantenido a ese grupo de choque, patrocinado desde los gobiernos municipal y estatal en sus distintas etapas.
En consecuencia, el reclamo tiene que ser llevado más alto: hasta las instancias que en su momento prohijaron la creación de ese grupo violento, protegido incluso por policías estatales y municipales.
Se sabe, por ejemplo, que en las invasiones a las tierras de Buenavista, también los agresores han sido escoltados por policías de Cajeme. Pero de ese "pequeño detalle" nadie habla ni condena la intromisión del gobierno de Sergio Pablo Mariscal Alvarado en un asunto netamente yaqui.
Por el contrario, se alienta la "necesidad" de que los gobiernos entren con fuerzas policiacas a "calmar" a los yaquis, cuando en realidad es desde las instancias institucionales que se busca un panorama caótico en el cual, a río revuelto, ganancia de políticos.
Es necesario que la sociedad cajemense, en vez de sacar su odio contra los yaquis, se una para defender su historia y sus raíces.
Porque si eso se le hace a quienes dieron vida a esta región, qué pueden esperar los yoris del trato de sus gobiernos.
Comentarios: franciscogonzalez.bolon@gmail.com
