Corrupción y ley electoral

Entre 2013 y 2021, en 25 entidades federativas aumentó el porcentaje de personas que fueron víctimas de soborno.

El mayor incremento fue en Sonora, de 5.1 a 16.9 por ciento. San Luis Potosí registró la mayor disminución, de 18.0 a 12.6 por ciento.

Esas cifras, por supuesto, no son inventadas por el que esto escribe ni mucho menos solicitadas a los fifís, conservadores y demás raza que solamente busca llenar de piedritas el camino de la llamada Cuarta Transformación.

Son esos números parte de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) aplica anualmente.

Así, en México el 57.1 % de la población consideró a la corrupción como uno de los problemas más importantes en su entidad federativa. Se ubicó solo por debajo del problema de inseguridad.

En cuanto a las prácticas de corrupción, en 2021 un 14.7 % de la población de 18 años y más fue víctima de algún acto de corrupción al realizar trámites o solicitar servicios públicos. Si bien en ese año se observó una disminución respecto a 2019, la prevalencia continuó por arriba de la estimada en 2015.

En otros números de Sonora, entre la población de 18 años y más que habita en áreas urbanas de cien mil habitantes, según la percepción del 46.3% de los encuestados, la frecuencia de corrupción es muy frecuente y otro 38.9% sostiene que son prácticas frecuentes, en tanto que un 9% dice que es poco frecuente y solamente un 1.8% sostiene que nunca ocurren esos malos hechos.

¿Qué faltará para que las prácticas corruptas desaparezcan? Esa pregunta tiene muchas áreas de respuestas porque eso sucede no solamente del ciudadano hacia los servidores públicos sino también al revés.

Por ejemplo, señala uno de los dos lectores de esta columna, se requiere cambiar de raíz la mentalidad de cada ciudadano en torno a la necesidad de actuar siempre con honestidad en cualquier ámbito de la vida.

¿Cómo es posible que los diputados de Morena se sientan orgullosos de haber quedado bien con el Presidente de la República al aprobarle en menos de 24 horas, lo que llaman el Plan B de la reforma electoral, pues se trata de un documento de 300 páginas que tal como llegó le dieron el aval sin leerlo ni saber, en consecuencia, su contenido?

Eso, argumenta el lector, es corrupción también y la diputada de Cajeme, la desconocida Gabriela Martínez Espinoza, se ufana de haber estado del lado del Presidente:

“Se modificará la estructura del INE, habrá ajustes en algunos departamentos como la Dirección Jurídica que celebra licitaciones y contratos, cómo (sic) el más reciente, el seguro de gastos médicos privados por más de 300 millones de pesos ¡a pesar de que ya se van!

“En las oficinas estatales tendrán solo tres vocales lo que también reducirá el gasto. Hay mucho más que compartir sobre el Plan B de nuestro #Presidente Andrés Manuel López Obrador lo haré a detalle pronto con mucho gusto.

“Se les acabaron los privilegios, se terminó el despilfarro del dinero de las y los mexicanos”.

A nadie le gusta que otros despilfarren el dinero público, es cierto, pero tampoco nadie quiere que solo por afanes de venganza política se quiera desmantelar una institución que con todo y sus defectos ha sido útil para la democracia mexicana, en razón de lo cual AMLO está hoy como presidente.

Los mexicanos no debemos dejar en manos de una sola persona o  camarilla, del partido que sea, el proceso electoral. Ya se vivieron muchos atropellos, y muchos ciudadanos murieron, cuando el PRI imponía su voluntad en las elecciones y no se desea que ahora otro persona venido del rancio priismo, disfrazo de Morena se quiera apoderar del control electoral.

Jamás el retroceso va a permitir crecer democráticamente. Eso queda muy claro y es lo que se debe combatir.

Comentarios: franciscogonzalez.bolon@gmail.com