Corrupción judicial

Tanto las agencias del Ministerio Público como los juzgados civiles y familiares de Sonora han sido exigidos en los últimos meses para que apresuren el paso.

Por años, la corrupción y la complicidad han dado paso a la impunidad, precisamente porque en los escritorios de los investigadores y de los juzgadores, los expedientes se han ido acumulando y no hay poder humano que los mueva.

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Se ha llegado a tal grado que algunos de los empleados de esas dependencias se quejan del exceso de trabajo, ahora que les están exigiendo celeridad, precisamente porque se acostumbraron a que durante mucho tiempo las cosas se han hecho con la lentitud que los poderosos han querido imprimirle cuando sus nombres están inscritos en uno de los juicios.

Algunos dicen que en las escaleras de la 4T son de esas eléctricas en las que por un lado suben y por el otro bajan y los morenistas se han colocado justo en la que solamente sube y por lo tanto no hay forma de barrer la corrupción de arriba hacia abajo, conforme al discurso de campaña.

Pero si en verdad se quiere una transformación de Sonora y del país, el Gobierno de hoy debe pasar del discurso hueco a acciones de fondo para remover todas esas piezas mohosas de las instancias procuradoras de justicia para que el paquidermo del que hablan realmente se mueva en beneficio de la sociedad.

Ya hemos tenido varios ejemplos en los últimos días sobre el actuar de algunos jueces ante los casos ventilados en sus oficinas.

Un abogado se atrevió a demandar a una juez de lo Familiar de Cajeme precisamente porque veía cómo su expediente patinaba en el mismo sitio y no avanzaba, patrocinados como estaban algunos de los empleados del Juzgado que hasta por la aparición de una mosca durante las audiencias, ordenaban posponer el proceso hasta fechas lejanas.

¿Y qué pasó con esa juzgadora? Lo único que se logró fue quitarle todos los juicios que llevaba de ese abogado para evitar más confrontaciones, pero a ella no se le aplicaron sanciones de ninguna naturaleza y lo mismo que se hacía en aquellos procesos puede seguir en otros nuevos.

Se requieren hoy acciones contundentes para eliminar de raíz la podredumbre enquistada en las oficinas de los ministerios públicos y jueces, pues de otro modo seguirán dentro de las cárceles muchos inocentes y a quienes financian a esos empleados corruptos que convierten a la justicia en mina de oro, los mantendrán libres para seguir haciendo daño.

Hubiera sido lo ideal que la fiscal general de Justicia de Sonora, Claudia Indira Contreras Córdova, hubiera renunciado desde el momento mismo en que llegó otra administración. Su actuación no provoca nada de confianza en la sociedad, sobre todo con sus antecedentes dentro del sistema de procuración de justicia, incluido su paso por el tema laboral.

Y sería adecuado también que la señora María Dolores del Río renunciara a la Secretaría de Seguridad Pública porque en pocos días se ha notado que no le entiende mucho a eso de la lucha contra la delincuencia.

Porque también la ineficiencia puede ser clasificada como corrupción y en Sonora ya no hay tiempo para que lleguen a aprender sus tareas, sobre todo cuando de inseguridad se habla.

Ojalá y el gobernador del Estado ya haya observado que el talón de Aquiles puede ser mayor si no se toman acciones oportunas en materia de seguridad y procuración de justicia.

Todavía está tiempo para corregir el rumbo. Y los sonorenses, hartos de la violencia, se lo agradecerán.

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