Por: Manuel Borbón Morales
Al momento en que se escriben estas líneas, millones de mexicanos en todos los estados del país se encuentran participando en un hecho inédito en nuestra nación, la primera consulta popular promulgada y ejecutada de manera oficial por el Estado mexicano, teniendo como actores principales a los tres poderes de la Unión y al Instituto Nacional Electoral que, justo después de organizar y llevar con éxito el proceso electoral más grande en la historia de nuestro país, se apremian a organizar este mayúsculo reto que representa la consulta popular impulsada por el propio presidente de la República.
Según las propias autoridades mexicanas la figura de la consulta popular es un mecanismo por medio del cual se incentiva la participación ciudadana en la vida democrática del país para decidir sobre propuestas de interés público. En esta ocasión, la consulta gira en torno a un proceso judicial de esclarecimiento sobre las decisiones de actores políticos del pasado, lo cual, no menciona a ningún expresidente, ni mucho menos a algún partido político, como lo mencionan los integrantes de Morena, quienes mediante un sinfín de medios propagandísticos han promovido dicha consulta como una manera de enjuiciar a los expresidentes de México. Dicha propaganda parece ser el fin principal del presidente y sus partidarios, debido a que, por diferentes motivos como la pandemia, lo confuso de la pregunta, menor número de casillas y la desinformación, el 40% de participación ciudadana necesaria para volver vinculante dicha consulta, parece muy difícil de alcanzar. Empero, los morenistas pueden jactarse de haber ganado ya el primer asalto de esta contienda rumbo a la sucesión presidencial del 2024, en vista de que, la opinión popular parece haber ya emitido su juicio sobre que dicha consulta fue promovida por el presidente López Obrador y que tiene como finalidad meter a la cárcel a los expresidentes de México que figuran en la publicidad con bandas rojas sobre sus caras, seguidos de leyendas sobre los escándalos cometidos durante sus mandatos.
La consulta popular no ha estado exenta de señalamientos, al mas puro estilo polémico y polarizador del partido en el poder, esta medida ha levantado pasiones entre pintos y colorados. En primera instancia los opositores a esta medida han mencionado en repetidas ocasiones que la ley no se debe de consultar, más bien, en caso de existir algún delito a perseguir, hacer ejecutar la ley con el poder que gozan; de igual forma han acusado al presidente de mezquino debido a que dicha consulta tendrá un costo de 528 millones de pesos, mismos que pudieron haberse utilizado en la compra de vacunas o en apoyos económicos para sobrellevar una de las peores crisis financieras que se han vivido en nuestro país, asimismo, la consulta ha levantado señalamientos por el uso faccioso y tendencioso que han realizado distintos personajes de Morena para hacer caravana de la participación ciudadana con la finalidad de quedar bien con sus superiores con miras a quedar bien “acomodados” en las pesquisas de los puestos de las administraciones que están por iniciar, mismos que podemos identificar la mayoría de los mexicanos en nuestras redes sociales por sus publicaciones al respecto.
Esta controversial consulta popular, marca un parámetro a seguir en los siguientes años en la democracia mexicana ya que, ejercicios como este en el que la capacidad del gobierno comienza un camino hacia la coordinación con los ciudadanos, quienes dejan de tener el papel de subordinados para comenzar a ser actores principales en la toma de decisiones es, sin duda, el camino a seguir para consolidar un sistema de nueva gobernanza pública en el que la sociedad y gobierno puedan cogobernar. Lástima que, en esta primera ocasión, una herramienta tan necesaria y eficiente termine por ser utilizada como un instrumento de lucro político, esperemos que vengan más consultas populares que toquen temas de interés nacional como lo son: la legalización del uso de drogas, uso de armas, disminuir el número de plurinominales, entre algunos otros. Para esto es necesario realizar reformas y adecuaciones a la ley, la buena noticia es que ya comenzamos.
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