¿Caerán los padrecistas?
Quien comete peculado, roba fondos que pertenecen al Estado, pues se queda con dinero del pueblo
Sí, el exsecretario de Hacienda en Sonora, radicado en Cajeme para más señas, que todavía unos años antes de encumbrarse en el ejercicio público andaba litigando su deuda a través de El Barzón, ha sido requerido para vincularlo a proceso junto con otros dos colaboradores.
¿De qué se le acusa? De peculado, que, según las definiciones legales, es el delito “que se concreta cuando una persona se queda con el dinero público que debía administrar. ... Quien comete este delito roba fondos que pertenecen al Estado y que, en teoría, debía gestionar”.
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La cantidad de 80 millones de pesos es por la que se le requiere a los tres ex funcionarios en el sexenio de Guillermo Padrés Elías, sí, ese que quiere recobrar su “prestigio” y ya anda por diversos rumbos del Estado repartiendo sonrisas… y mentiras.
Quizá muchos priistas saltaron de júbilo cuando supieron esta noticia que irrumpió en todos los rincones a media mañana sonorense. Pero no deben cantar victoria porque, por principio de cuentas, tienen que encontrarlos, aunque existe la duda de si el ex Secretario sigue encarcelado en Arizona, donde fue detenido el 30 de diciembre de 2017.
Y, otra cosa, las leyes sobre este delito son muy laxas. Veamos:
“Cuando el monto de lo distraído o de los fondos utilizados indebidamente exceda de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito, se impondrán de 2 años a 14 años de prisión y de 100 a 150 días multa”.
Pero como las autoridades mismas han dicho, ese dinero pasó “de una cuenta específica a otras diversas de gasto corriente, por lo que dieron una aplicación distinta al que estaban destinados en las metas y objetivos para el Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zonas Urbanas” (Apazu).
Es decir, y sin ánimos de defenderlos porque vaya que cometieron pillerías, tienen en descargo que los recursos fueron a parar a una cartera dentro del mismo gobierno de Sonora, no los llevaron a sus cuentas particulares, por lo que solamente dieron un uso distinto a lo programado, sin que esté comprobado que se hayan quedado en sus bolsillos.
Y otra cosa que quizá los investigadores no checaron: hablan del ejercicio 2016, cuando el sexenio de Padrés Elías terminó en 2015, pero especifican que se trata del programa Apazu de 2012.
O se trata de una cortina de humo para distraer un poquito a los sonorenses o en realidad están equivocados los términos y fechas de este juicio. Habrá que preguntar a los sabuesos de la FGR qué significan todos esos cambios de fechas porque de otra manera surge el “sospechosismo” en torno a la veracidad de los hechos.
Porque ya pasó que en algunos casos fueron utilizadas algunas personas para incriminar a los padrecistas, pero con base en mentiras, lo cual resultó en la excarcelación de los acusados y los sonorenses lo menos que desean es que sigan jugando con este tipo de acciones que de suyo deben ser serias y ejecutadas con amplia responsabilidad.
Se sabe bien que algunos funcionarios de la administración 2009-2015 se sirvieron con la cuchara grande, pero fueron vivos para no dejar huellas sobre sus ilegales pasos y los investigadores de los hechos no han tenido la capacidad suficiente para encontrar el hilo que desenrolle la madeja.
Ojalá en esta ocasión la FGR tenga los pelos de la burra en la mano para que nadie mas siga burlándose de la sociedad sonorense en el ejercicio del poder.
Se requiera ya honestidad a toda prueba entre los servidores públicos. Y mientras la corrupción no se siga barriendo de arriba hacia abajo, todo lo demás será demagogia.