Más de 1300 niños separados de sus padres en la frontera de Estados Unidos
Un reporte de derechos humanos critica la ausencia de responsabilidad acerca del retorno de personalidades fundamentales de la política antimigratoria
Seis años tras la puesta en marcha de la polémica política de "tolerancia cero" del entonces mandatario Donald Trump, más de mil 300 niños que fueron separados a voluntad de sus padres en la frontera entre México y Estados Unidos continúan sin tener la posibilidad de volver a ver a ellos.
Esta cantidad equivale a casi un tercio de los niños impactados por una de las acciones más extremas de la política migratoria de la gestión Trump.
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El reporte, difundido hoy por Human Rights Watch (HRW), el Proyecto de Derechos Civiles de Texas y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Yale, muestra que 1,360 niños y niñas no han logrado reunirse con sus progenitores durante este periodo. El informe critica la "ausencia de responsabilidad" por estos sucesos e indica que, pese a la seriedad de la circunstancia, no se han producido sanciones para los encargados de esta política.
SEPARACIÓN FORZADA
Los escritores del reporte comparan las separaciones forzadas con la desaparición forzada, dado que los progenitores no obtuvieron datos acerca del destino de sus hijos durante años. Además, describen estas acciones como tortura, indicando que fue una acción "deliberada" creada para infligir dolor a las familias migrantes con propósitos de disuasión.
CASOS DE CRUELDAD PREMEDITADA
El reporte registra situaciones de empleados que instauraron separaciones con el fin de "disuadir a otras familias" y otros que conservaron estas separaciones, incluso cuando algunas entidades federales ya habían empezado a fomentar la reunificación.
"Es escalofriante ver, en un documento tras otro, la crueldad premeditada que se introdujo en la política sobre separación forzada de familias", señala Michael García Bochenek, asesor principal de la división de derechos infantiles de HRW.
MEDIDAS DE REPARACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Aunque el reporte admite que el gobierno de Joe Biden ha implementado "acciones significativas" para atenuar el perjuicio, tales como la otorgación de permisos temporales a los progenitores y la oferta de servicios de salud mental, todavía no se ha conseguido una responsabilidad efectiva por los encargados de la política de separación.
Además, resulta alarmante que varios de los oficiales involucrados, como Thomas Homan y Stephen Miller, puedan volver a ocupar cargos esenciales en el futuro gobierno de Trump, lo que podría perpetuar estas políticas.