El mandatario adopta acciones severas para frenar la inmigración ilegal y suprimir programas de diversidad
Por: Brayam Chávez
Durante el primer día de su mandato, Donald Trump inició una serie de instrucciones ejecutivas de gran envergadura. Algunas de estas aspiran a fortalecer la seguridad en la frontera sur de Estados Unidos a través de acciones severas contra la inmigración ilegal, uno de sus pilares políticos más destacados.
Estas medidas ya enfrentan una intensa resistencia legal. Señalando el comienzo de un periodo de riguroso análisis judicial.
Entre las acciones más sobresalientes se encuentra la supresión de la aplicación CBP One, que hasta el momento había facilitado que cerca de un millón de individuos ingresaran a Estados Unidos de manera legal. Con la posibilidad de trabajar. Este fallo ha provocado una rápida polémica. Con la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentando una moción. En un caso ya existente en contra de las limitaciones de asilo previamente instauradas por el exmandatario Joe Biden.
Además de los asuntos fronterizos, las instrucciones ejecutivas también abordan otros temas de controversia, como la condición de los ciudadanos transgénero en Estados Unidos y la supresión de los programas de diversidad, equidad e inclusión en todas las entidades federales.
Un asesor cercano al presidente comentó: “Nos van a demandar. Por todas estas cosas”, anticipando una gran cantidad de demandas en curso.
UN VOLUMEN ELEVADO DE LITIGIOS
Se anticipa que las instrucciones de Trump se topen con un torrente de solicitudes, lo que podría representar un reto considerable para su gobierno.
En su primer mandato, Trump se enfrentó a más de 400 litigios que ponían en duda sus acciones, y sus consejeros anticipan que esta vez la cantidad se incrementará aún más.
Según ABC News, la carga legal podría ser tan intensa que se creará un equipo único dentro del Departamento de Justicia para proteger las resoluciones del presidente en los juzgados.
DESAFÍOS LEGALES Y EL PAPEL DE LOS TRIBUNALES
A pesar de que las órdenes ejecutivas pueden implementarse inmediatamente, también pueden ser objeto de revisión judicial. Los juzgados poseen la potestad de interrumpirlas o incluso anularlas si se percibe que superan los límites de la autoridad presidencial estipulada por la Constitución o el Congreso.
