El activismo en defensa de los derechos humanos y de los pueblos indígenas también pone en peligro a los representantes de la Iglesia
Por: César Omar Leyva
La violencia contra sacerdotes y religiosos católicos se incrementó considerablemente en 2024 , de acuerdo con el informe anual de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN).
En total, la organización documentó 122 casos de violencia, que incluyen secuestros, asesinatos y detenciones, lo que refleja la creciente inseguridad que enfrentan los miembros de la iglesia en muchas partes del mundo.
De estos casos, al menos 38 corresponden a secuestros, siendo Haití y Nigeria los países más peligrosos. Entre los incidentes más preocupantes destacan el secuestro de monseñor Salvador Rangel Mendoza, obispo emérito de Chilpancingo-Chilapa, y el de varios sacerdotes en Camerún.
Además, ACN reportó la violencia sufrida por dos religiosas, una en Colombia y otra en Malaui, que fueron secuestradas y agredidas durante su cautiverio.
13 SACERDOTES ASESINADOS
El informe también resalta la alarmante cifra de 13 sacerdotes asesinados en 2024, víctimas de crímenes de odio, inseguridad y violencia social en países como México, Sudán del Sur, Venezuela, Colombia y Nigeria.
En particular, el asesinato del padre Marcelo Pérez, en Chiapas, México, muestra cómo el activismo en defensa de los derechos humanos y de los pueblos indígenas también pone en peligro a los religiosos.
A pesar de la creciente violencia, muchos sacerdotes y religiosas continúan su labor pastoral en territorios extremadamente peligrosos, arriesgando sus vidas por la fe y la misión que desempeñan en comunidades empobrecidas y afectadas por conflictos armados.
Por otro lado, ACN señala que, aunque hubo una ligera disminución en el número de detenciones de religiosos respecto al año anterior, al menos 71 clérigos fueron arrestados en 2024, muchos de ellos simplemente por ejercer su ministerio.
Esta cifra sigue siendo preocupante, ya que refleja la persistente falta de respeto por la libertad religiosa en numerosas regiones del mundo.
La situación exige una respuesta internacional que garantice la protección de los derechos fundamentales de los religiosos y defienda su labor en medio de contextos hostiles y represivos.
