¿Alguna vez intentaste cancelar una suscripción digital y terminaste atrapado entre menús confusos, esperas interminables y penalizaciones? Pues esa historia está a punto de llegar a su fin en México.
El Pleno del Senado de la República aprobó una reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor que garantiza a los usuarios el derecho de cancelar suscripciones, membresías o servicios digitales con cobros automáticos de manera inmediata y sin penalizaciones.
El dictamen, impulsado por la senadora Cynthia López Castro, presidenta de la Comisión de Defensa de los Consumidores, busca frenar los abusos de plataformas que dificultan la baja de servicios.
"Si registrarse en una plataforma toma segundos, cancelar debe tomar lo mismo. Lo fácil no puede ser solo pagar, también debe ser cancelar", afirmó durante su intervención en el Pleno.
La reforma responde al crecimiento del comercio electrónico y a la necesidad de proteger los derechos digitales de los consumidores. Se enfoca en servicios con cobros recurrentes como streaming, música, software o telefonía, y establece nuevas obligaciones para los proveedores.
¿CUÁLES SERÁN LAS OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS SEGÚN LA NUEVA LEY?
De acuerdo con las modificaciones al artículo 76 Bis, los proveedores deberán:
Informar de forma clara si el servicio implica cobros automáticos recurrentes, su periodicidad, monto y fecha de cobro.
Contar con el consentimiento expreso e informado del consumidor antes de aplicar cualquier cargo recurrente.
Notificar con al menos cinco días naturales de anticipación antes de renovar una suscripción o servicio.
Ofrecer un mecanismo de cancelación inmediato, sin trámites excesivos, penalizaciones ni cargos adicionales.
MÁS DE 20 MIL QUEJAS DE SERVICIOS DIGITALES EN PROFECO
Según datos de la Profeco, en 2024 se recibieron más de 20 mil quejas relacionadas con servicios digitales, especialmente en plataformas de streaming, gimnasios y software.
Con esta reforma, México se alinea con las regulaciones internacionales como la regla "Click-to-Cancel" de la Federal Trade Commission (FTC) en Estados Unidos y las directrices europeas en comercio electrónico.
"Con esta ley, protegemos la economía familiar y reafirmamos que la tecnología debe servir a las personas, no aprovecharse de ellas", subrayó López Castro.
El proyecto fue aprobado por unanimidad, con 91 votos a favor, el 5 de noviembre de 2025, y enviado al Ejecutivo Federal para su promulgación.
